NAVA/MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Hechos

VISTOS: A folio 1, comparecen Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, quienes deducen acción de protección en favor de Nohemy María Ramos Longar y de Kenny Leandra Nava García, ambas de nacionalidad venezolana, domiciliadas en Antonio Burr N°469, Comuna Ancud, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria sobre la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva efectuada por aquellas con fechas 30 de octubre de 2021 y 18 de agosto de 2020, afectando con ello la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política.  Señalan que ambas recurrentes ingresaron al país en calidad de turistas y con fecha 18 de agosto de 2020, doña Kenny Leandra Nava García solicita el beneficio migratorio de permanencia definitiva. Por su parte, Nohemy María Ramos Longar efectuó el mismo trámite con fecha 30 de octubre del 2021.  Sin embargo, al día de hoy, ninguna ha recibido respuesta por parte del órgano recurrido, situación que las mantiene en una constante preocupación e incertidumbre, afectando de manera directa sus garantías constitucionales. Señala que aquel actuar afecta el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política y normas y principios establecidos en la ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo, tales como el de celeridad, impulso de oficio y eficacia.  Indica que el presente recurso está dentro de plazo mientras se mantenga la situación omisiva por parte de la Administración, por cuanto la única actuación que podría dar una fecha cierta para el cómputo del plazo para la presentación de este recurso es, precisamente, la resolución administrativa de la recurrida que no se ha dictado.  Por lo anterior, solicita que se acoja la presente acción, ordenándose a la recurrida que se pronuncie sobre dichas solicitudes en un plazo de 30 días, adoptando las provid

Fundamentos

considerando de ese modo la autoridad administrativa que no existe alguna vulneración perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Sostiene a su vez que la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración es la figura del silencio administrativo, el cual no ha sido ejercido en este caso a través de la certificación respectiva ante el Servicio recurrido. Previas citas legales y jurisprudenciales, indica que el actuar de la administración no ha vulnerado garantía constitucional alguna mediante alguna acción ilegal o arbitraria al respecto, solicitando en definitiva tanto el rechazo de la acción deducida en esta causa como la de una eventual condena en costas.  A folio 7, se informa el desistimiento parcial de la presente acción y solo respecto de la recurrente Kenny Leandra Nava García, toda vez que la misma pudo conocer sobre la decisión final sobre su solicitud de residencia definitiva, manteniendo la misma respecto de la otra recurrente.  Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.  Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Tercero: Que del mérito de los antecedentes acompañados, se concluye por estos sentenciadores que la recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de regularización excepcional de su permanencia en Chile, tanto en las fechas previamente indicadas y a través de los canales destinados a tal efecto.  Luego y en mérito de lo señalado por la recurrida en estrados, el estado de tramitación actual de la solicitud de regularización excepcional solicitada por la actora es la de revisión de los mismos, sin entregar mayores det

Fallo

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y acta sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se declara:  . Que se acoge, sin costas la acción interpuesta por Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa solo en favor de Nohemy María Ramos Longar, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. I. En consecuencia, se ordena a la recurrida a dar celeridad a la actual etapa administrativa en la que se encuentra la solicitud de regularización extraordinaria de la recurrente, debiendo pronunciarse en un plazo de sesenta días respecto del estado actual de la misma.  Redacción del Fiscal Judicial (S), don Cristián Rojas Collao.  Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. Rol Protección N°4890-2022.

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Puerto Montt, cinco de enero de dos mil veintitrés VISTOS: A folio 1, comparecen Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, quienes deducen acción de protección en favor de Nohemy María Ramos Longar y de Kenny Leandra Nava García, ambas de nacionalidad venezolana, domiciliadas en Antonio Burr N°469, Comuna Ancud, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente