LEAL/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Hechos

Vistos: 1°) A folio 1, con fecha 13 de octubre del 2022, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra y don Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados por don IVÁN RAFAEL LEAL MONTERO, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°26.556.553-0, domiciliados para estos efectos en calle Til Til Bajo N°835, comuna Copiapó, Región de Atacama, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don Luis Thayer Correa, Sociólogo, con domicilio en San Antonio 580, comuna Santiago, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva, solicitada el 25 de noviembre de 2021, por transgredir la igualdad ante la ley. Exponen que el recurrente ingresó al país en calidad de turista, y que estando dentro del territorio, cambió su condición migratoria a residente temporario. Agrega que el 25 de noviembre de 2021, solicitó el beneficio migratorio de permanencia definitiva N°35073981, sin que haya obtenido respuesta alguna, ni se haya liberado la orden de giro, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre. Refiere que las garantías constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal del recurrido en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva, lo que tilda de arbitrariedad e ilegalidad. Sostiene que los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 consagran el Principio de Celeridad, el de Principio de Economía Procedimental, los que estarían transgredidos por la recurrida. Y afirma que, en la especie, no es procedente el silencio administrativo ni el caso fortuito o de fuerza mayor. Esgrimiendo la doctrina, jurisprudencia y normativa que estima aplicable, solicita que se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva en un plazo no s

Fallo

fallo de fecha 20 de junio de 2022. Asimismo, desestimando esta vía como idónea, sostiene que en la especie es aplicable el mecanismo de silencio administrativo, específicamente el negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debiendo entenderse rechazada la solicitud planteada por la parte recurrente, dado que la misma tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por el artículo 40 de la Ley N° 21.325, estimando que la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria. Cita al efecto el voto disidente del Ministro de la Excma. Corte Suprema don Jean Pierre Matus, en sentencia de 7 de julio de 2022, causa rol N° 22.684-2022. Sin perjuicio de lo anterior, indica que la contraparte no ha solicitado la debida certificación ante ese Servicio en orden a que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal. De otro lado, destaca los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esa autoridad migratoria, siendo la consecuencia dir

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CA de Copiapó Copiapó, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós Vistos: 1°) A folio 1, con fecha 13 de octubre del 2022, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra y don Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados por don IVÁN RAFAEL LEAL MONTERO, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°26.556.553-0, domiciliados para estos efectos en calle Til Til Bajo N°835, c