FISCO/BENITEZ VALENZUELA MARIA INES

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que se ha elevado para el conocimiento de esta Corte el recurso de apelación deducido por la parte ejecutada contra la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Sustanciador Tesorero Regional Santiago Poniente que no dio lugar al incidente de abandono del procedimiento promovido por la contribuyente en lo principal, y al de decaimiento del procedimiento administrativo deducido en otrosí. Segundo: Que la tesis que se plantea en la resolución de primer grado se opone a aquélla sostenida por esta Corte de Apelaciones de manera uniforme y reiterada, en orden a que el Tesorero Provincial o Regional, según corresponda, actúa en la primera fase del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias como juez sustanciador en sede administrativa y ejerce efectivamente jurisdicción, en tanto está dotado por la ley para adoptar decisiones con autoridad de cosa juzgada que se pronuncian respecto de un conflicto de relevancia jurídica. No se desconoce que la competencia del Tesorero es limitada por la ley para decidir ciertas y determinadas cuestiones e incluso circunscrita a la adopción de resoluciones que supongan un resultado específico, pero aun así, en tanto dentro de esas competencias se contemple la de emitir pronunciamientos que zanjen controversias regidas por el Derecho, es un órgano que, como se dijo, ejerce jurisdicción. Refuerza lo anterior lo sostenido por la Corte Suprema, en tanto ha señalado que “es la propia ley la que reiteradamente le asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha calidad y ajenas al ámbito administrativo, haciendo supletorias las disposiciones comunes a todo procedimiento” (SCS Rol N°1730-13 de 16 de mayo de 2013), y que el proceso de cobranza tramitado en el expediente administrativo seguido ante el Tesorero Comunal respectivo y luego ante el Abogado Provincial pertinente, “es de naturaleza jurisdiccional,

Fallo

fallo por sentencia definitiva ejecutoriada, el plazo será de seis meses contados desde la última resolución recaída en alguna gestión útil; en cambio, en las hipótesis de no haberse opuesto excepciones o hallarse éstas desestimadas por sentencia firme, ese plazo será de tres años, contados desde la última gestión útil hecha en el procedimiento de apremio destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación. Quinto: Pues bien, en la especie consta que por resolución de 31 de marzo de 2017 se ordenó trabar embargo sobre los fondos de la cuenta que la deudora registra en el Banco de Crédito e Inversiones, hasta un monto de $87.311.425.-, diligencia que no pudo llevarse a efecto por encontrarse la mencionada cuenta con saldo cero, según certificó el Recaudador Fiscal el 12 del mismo mes y anualidad. Luego, mediante certificación de 23 de mayo de 2017, el Tesorero Regional certificó que las excepciones opuestas se encontraban falladas y acompañó nómina actualizada de la deuda para iniciar la segunda etapa judicial de cobranza. En este escenario, al haberse promovido el incidente de abandono con fecha 23 de octubre de 2020, aparece cumplido en exceso el término de tres años previsto en el inciso segundo del artículo 153 del Código de Procedimiento Civil, de tal forma que atendida la inactividad que se advierte de quien tenía el impulso procesal de la presente causa, corresponde que el incidente de abandono del procedimiento sea acogido. Por estas consideraciones y visto,

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C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Al escrito folio 17: a lo principal, como se pide, al otrosí, como se pide. Vistos y teniendo presente: Primero: Que se ha elevado para el conocimiento de esta Corte el recurso de apelación deducido por la parte ejecutada contra la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Sustanciador Tesorero