/MUÑOZ

Hechos

VISTOS: A folio 1 compareció don Juan Pablo Castro Cortés, Defensor Penal Publico, en representación del sentenciado don Jhordan Moisés Pacheco Tapia, en causa RIT 9155-2017; RUC 1701119726-4, del Juzgado de Garantía de Copiapó, interponiendo acción constitucional de amparo en contra de la resolución de fecha 14 de diciembre del año 2022, dictada por el Juez del Juzgado de Garantía de Copiapó, don Paulo Muñoz Pedemonte, por medio de la cual, dispuso la orden de ingreso a la unidad penal de Copiapó en contra del amparado. Refiere que su representado fue condenado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, por sentencia pronunciada con fecha 05 de abril de 2018, como autor del delito de robo con intimidación, grado de desarrollo consumado, ordenándose su cumplimiento de manera efectiva. La referida resolución, fue revocada por la I. Corte de Apelaciones de Copiapó con fecha 23 de abril de 2018, en cuanto se le concede la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por el término de su condena, ordenando al condenado presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Copiapó, debiendo cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual y condiciones establecidas las letras a), b) y c) del artículo 17 de la Ley 18.216. Adicionalmente, se le impuso las condiciones del artículo 17 Ter letra b) y d) de la citada Ley, consistentes en la prohibición de aproximarse a la víctima y la obligación de cumplir programas formativos, laborales o culturales, lo que deberá ser expresado y determinado en el mismo plan de intervención, debiendo el tribunal a quo fijar fecha de presentación del sentenciado ante el Centro de Reinserción Social, bajo apercibimiento de despacharse inmediata orden de detención en su contra si no lo hiciere. Añade que tras convocarse a una audiencia para discutir la revocación de la pena sustitutiva, debido a la inasistencia del condenado, se despachó orden de detención, ejecutada el día 13 de diciembr

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de amparo, establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza excepcional, que persigue la tutela y protección de parte de los Tribunales Superiores de Justicia, de la libertad personal y la seguridad individual, cuyo ámbito subjetivo de aplicación incluye a toda persona. SEGUNDO: La citada acción es procedente en aquellos casos en que la libertad personal de una persona se vea amagada con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, con el fin preciso de que se ordene guardar las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Acorde a lo expuesto, la procedencia de esta acción en contra de una resolución judicial es excepcional. TERCERO: El fundamento inmediato de esta acción dice relación con la dictación de la resolución de fecha 14 de diciembre del 2022, en causa RIT 9155-2017; RUC 1701119726-4, del Juzgado de Garantía de Copiapó, que junto con decretar la revocación de la pena sustitutiva y consiguiente orden de cumplimiento del saldo de manera efectiva, dispuso el ingreso inmediato del amparado –presente en la audiencia-, al Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad, no obstante tratarse de una resolución apelable, según previene el artículo 37 de la ley N° 18.216, por estimar que dicho recurso no suspende la ejecución, conclusión que extrae del análisis de las normas que rigen tal medio de impugnación, lo que se vería refrendado por la jurisprudencia que cita. Por su parte, el Defensor recurrente, califica de ilegal arbitraria dicha decisión, por resultar contraria a la normativa Constitucional e Internacional, que privilegian la existencia de un recurso eficaz para resguardar el derecho a la libertad de las personas, así como la norma prohibitiva del artículo 5° del Código Procesal Penal, que impide interpretar por analogía las normas que restringen la libertad u otros derechos del imputado. CUARTO: Que sin perjuicio que, efectivamente, como sostiene el señor Juez recurrido, la decisión impugnada no es una sentencia definitiva que ponga término al juicio, sin embargo sí dispone la manera como la pena establecida en ella debe de ejecutarse, correspondiendo por ello entenderse cubierta por la hipótesis del artículo 79 del Código Penal que, precisamente, a propósito de la ejecución de las penas y de su cumplimiento, dispone que “No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada”. Lo anterior resulta concordante con la norma contenida en el artículo 468 inciso primero del Código Procesal Penal, que se ubica en Libro Cuarto, cuyo Título VIII, regula la Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad. La citada norma dispone que “Las sentencias condenatorias penales no podrán ser cumplidas sino cuando se encontraren ejecutoriadas....”, norma especial e

Fallo

por tanto no hay supuesto alguno para que en materia de apelación deba recurrirse a un cuerpo normativo inaplicable, como el Código de Procedimiento Civil. Añade que, también por su pertinencia, debe tenerse presente lo señalado por el artículo 355 del Código Procesal Penal, que indica que la interposición de un recurso no “suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que se impugnare una sentencia definitiva condenatoria o que la ley señale expresamente lo contrario”. Asimismo, hace presente que a la decisión objeto de reproche no le resulta aplicable el artículo 79 del Código Penal, por no ser sentencia condenatoria, haciendo referencia al antecedente histórico de esta norma, dictada en una época en que no existían leyes de beneficios, lo que debe orientar su interpretación, situación distinta a lo que acontece en la actualidad, habiendo previsto y resuelto ello el legislador, en el Código Procesal Penal. Como contrapartida, razona que de entenderse que la resolución que revoca o quebranta penas sustitutivas es también una sentencia condenatoria, el recurso idóneo contra ella sería el de nulidad, no la apelación. Igualmente, descarta la aplicación del artículo 468 del Código Procesal Penal, dedo que dicha norma que regula los efectos de la sentencia condenatoria, no la de otras resoluciones que ordenan cumplimiento de penas, como la que revoca o quebranta una pena sustitutiva, o la que revoca una libertad condicional y ordena cumplimiento de saldo, o la que ordena ingre

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C.A. de Copiapó Copiapó, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. VISTOS: A folio 1 compareció don Juan Pablo Castro Cortés, Defensor Penal Publico, en representación del sentenciado don Jhordan Moisés Pacheco Tapia, en causa RIT 9155-2017; RUC 1701119726-4, del Juzgado de Garantía de Copiapó, interponiendo acción constitucional de amparo en contra de la resolución de fecha 14 de diciembre de