ROSA MAGDALENA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA/COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE CONCEPCIÓN Y OTRO

Hechos

VISTOS: Comparece Juan Carlos Pizarro Cortés, cédula de identidad N° 10.076.282-K, por Fundación Valídame, RUT 65.065.459-3, organización sin fines de lucro, domiciliada en Colón 352 oficina 426, La Serena, interponiendo acción constitucional de protección en beneficio de ROSA MAGDALENA JIMENEZ SEPULVEDA, cédula de identidad N° 8.724.232-3, del mismo domicilio, en contra de COMISION MEDICA REGIONAL DE CONCEPCION, representada por Susanella Burotto Vergara, cédula de Identidad N° 5.304.918-4, médico, ambos domiciliados en Barros Arana 1098, piso 16, oficina 1602, Concepción, y en contra de MARCO BRAVO LEON, jefe administrativo, cédula de identidad N° 13.305.793-5, del mismo domicilio, a fin que se adopten las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio del derecho constitucional establecido 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, vulnerados a consecuencia del actuar de los recurridos, por los antecedentes que indica. Refiere que el actuar ilegal o arbitrario consiste en impedir el acceso al expediente de solicitud de invalidez, mediante el no envío de la información del expediente requerida por el mandatario, antecedentes fundantes de lo razonado por la autoridad sectorial, solicitados en favor de quien se interpone el recurso. Explica que el 18 de mayo de 2022, Rosa Jiménez Sepúlveda otorgó mandato a FUNDACION VALIDAME, con el cual se inició el proceso de calificación de invalidez en el que ella tenía interés, que se desarrolla ante la Comisión Médica Regional de Concepción. Habiendo recibido un dictamen desfavorable y con el fin de apelar mediante los recursos administrativos regulados, la fundación solicitó al recurrido por vía digital, amparada en la ley electrónica, el envío de los antecedentes necesarios para su confección y legítima defensa de sus intereses. El 07 de julio en respuesta al correo electrónico, el recurrido negó el acceso al envío del expediente solicitado, indicando que la única opción era poder revisar los expedientes en su

Fundamentos

considerando que las enfermedades invocadas como invalidantes, no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un cincuenta por ciento. Que la Comisión Médica Central, en sesión de 7 de septiembre de 2022, estudió los antecedentes médicos contenidos en el expediente de calificación de invalidez de la actora, al tenor de su reclamo en contra del Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica Regional de Concepción y, mediante Resolución CMC N° 9758/2022, de 7 de septiembre de 2022, acordó rechazar el reclamo, confirmando el dictamen de invalidez en cuestión y que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes se encuentran bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado la pérdida de a lo menos el cincuenta por ciento de su capacidad de trabajo. La referida Resolución no fue objeto de otros recursos administrativos, por lo tanto se encuentra ejecutoriada. En consecuencia, la afiliada debe continuar y concluir sus tratamientos médicos y, una vez que éstos finalicen, si presenta un menoscabo laboral permanente, podrá requerir nuevamente la calificación del grado de su invalidez. Aun en la hipótesis de que el Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica Regional hubiese tenido algún defecto de forma como alega la recurrente, ha sido saneado por el acto de esa Comisión Médica Central, el que no fue objeto de recurso administrativo. Se ordenó traer los autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción que persigue tutelar la privación, perturbación o amenaza que sufran las personas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producidas a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado. Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada. SEGUNDO.- Que en estos autos compareció Juan Carlos Pizarro Cortés, por Fundación Valídame, interponiendo acción constitucional de protección en beneficio de ROSA MAGDALENA JIMENEZ SEPULVEDA, en contra de COMISION MEDICA REGIONAL DE CONCEPCION y de MARCO BRAVO LEÓN, por el actuar ilegal o arbitrario de los recurridos al impedirle el acceso por vía digital al expediente de solicitud de invalidez de la actora, negándose al envío electrónico de los antecedentes, situación que le impide ejercer adecuadamente los recursos administrativos que el ordenami

Fallo

se resuelve: I. Que se desestima la alegación de falta de legitimación pasiva; y II. Que SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por Juan Carlos Pizarro Cortés, por Fundación Valídame, en beneficio de ROSA MAGDALENA JIMENEZ SEPULVEDA, en contra de COMISION MEDICA REGIONAL DE CONCEPCION y de MARCO BRAVO LEON, sin costas. Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese. Redacción del abogado integrante don Hugo Tapia Elorza. Rol Protección N° 60510-2022.

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C.A. de Concepción. Concepción, cinco de diciembre de dos mil veintidós. VISTOS: Comparece Juan Carlos Pizarro Cortés, cédula de identidad N° 10.076.282-K, por Fundación Valídame, RUT 65.065.459-3, organización sin fines de lucro, domiciliada en Colón 352 oficina 426, La Serena, interponiendo acción constitucional de protección en beneficio de ROSA MAGDALENA JIMENEZ SEPULVEDA, cédula de identidad