PEREZ JAVIER MAIKEL Y OTRO CONTRA SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTO: Comparecen don Pablo Peñaloza Parra y Joaquín Contreras Roa, abogados, a favor de doña Dianora Margarita Hidalgo Romero, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° 26.392.983-7, y de don Maikel Pérez Javier, empleado, de nacionalidad cubana, cédula de identidad para extranjeros N° 26.815.401-9, todos domiciliados para estos efectos en Pasaje Cabo Miguel Ángel Guerrero N° 2140, Iquique, por quienes recurren de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones. Señalan que los recurrentes solicitaron su permanencia definitiva el 25 de abril de 2022 y 17 de marzo de 2021, respectivamente, sin obtener respuesta por parte del servicio recurrido, ni se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado. Solicitan se ordene al recurrido se pronuncie sobre la solicitud de permanencia en un plazo no superior a 30 días corridos, o el que se estime conforme al mérito de autos, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas. Informando el Servicio Nacional de Migraciones, indica que el el 25 de abril de 2022 y 17 de marzo de 2021, los recurrentes solicitaron el beneficio de la Permanencia Definitiva, las que se encuentran en Etapa de Análisis y Evaluación Intermedia, respectivamente. Destaca que ambos mantienen situación migratoria regular en el territorio nacional. En cuanto al tiempo de tramitación, señala que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta al país. Pide se tenga por evacuado el informe, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. SEGUNDO: Que, de autos se colige un reclamo en contra de la recurrida, ya que habiendo presentado el 25 de abril de 2022 y 17 de marzo de 2021 solicitud de permanencia definitiva, hasta la fecha no se ha recibido respuesta definitiva del recurrido. TERCERO: Que, para resolver, se considerará que los órganos de la Administración del Estado deben sujetarse a las bases o pilares fundamentales que establece la Ley 19.880, en cuanto todo acto que de ellos emane debe expresarse por escrito, según lo dispone su artículo 5, y que, en virtud del principio conclusivo, todo procedimiento debe concluir por un acto decisorio de la Administración, en el cual se exprese su voluntad. Asimismo, su artículo 7 prevé el principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa; prerrogativa que abona el principio conclusivo dispuesto en el artículo 8 y de economía procedimental contenido en el artículo 9, todos de la Ley 19.880 antes citada. CUARTO: Que asentado lo anterior, y contrastado con la data del inicio del trámite administrativo del recurrente, se evidencia que no han sido observados los principios colacionados en el considerando precedente, especialmente en lo relativo a la celeridad y conclusión de los actos administrativos, que en este caso corresponde, lo que infringe derechamente lo dispuesto en el artículo 27 de la ley antedicha, tornando la omisión denunciada en contraria a derecho, carente de razonabilidad y arbitraria. QUINTO: Que así las cosas, dicha omisión de la autoridad recurrida claramente importa un afectación y vulneración a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, pues provoca una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar sus solicitudes dentro de plazo razonable, motivos todos por lo que la presente acción constitucional será acogida en la forma que se dirá en lo resolutivo del f

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Iquique, cinco de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: Comparecen don Pablo Peñaloza Parra y Joaquín Contreras Roa, abogados, a favor de doña Dianora Margarita Hidalgo Romero, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° 26.392.983-7, y de don Maikel Pérez Javier, empleado, de nacionalidad cubana, cédula de identidad para extranjeros N° 26.815.401-9, todos domici