MENDOZA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1°) A folio 1, con fecha 26 de octubre pasado, comparece el abogado don Pablo Javier Cancino Valenzuela, actuando en favor de doña Rossiris Gioconda Mendoza Nuñez, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°27.055.264-1, número de pasaporte 110528067, ambos domiciliados para estos efectos en El Palomar N° 1783, Salitrera La Granja, Copiapó, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don Luis Thayer Correa, Sociólogo, por no emitir la resolución exenta que ponga fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando su solicitud de permanencia definitiva, peticionada con fecha 16 de septiembre de 2020, esto es, más de 25 meses, afectando dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley 19.880. Expone que la página web de la recurrida da cuenta que el trámite señalado presenta un 72% de avance y se encuentra en etapa de “Análisis resolutivo”, según resolución exenta de 08 de diciembre de 2021, habiendo efectuado pago de los derechos el 22 de junio de 2022. Destaca que la persona a cuyo favor acciona no cuenta con un visado vigente que le permita desarrollar su vida como constitucionalmente tiene derecho, habiendo transcurrido largamente los plazos legales en los que debió haberlo obtenido, produciéndose particular menoscabo no contar con un documento formal que permita acreditar la residencia regular en el país, ya que se expone a otros escenarios más lesivos aún, tomando particular relevancia que su cédula de identidad se encuentra vencida, lo que constituye un trato gravemente pernicioso en cuanto la desigualdad que imprime, además de los riesgos que ello supone, desde que da

Fallo

fallo de fecha 20 de junio de 2022. Asimismo, desestimando esta vía como idónea, sostiene que en la especie es aplicable el mecanismo de silencio administrativo, específicamente el negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debiendo entenderse rechazada la solicitud planteada por la parte recurrente, dado que la misma tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por el artículo 40 de la Ley N° 21.325, estimando que la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria. Cita al efecto el voto disidente del Ministro de la Excma. Corte Suprema don Jean Pierre Matus, en sentencia de 7 de julio de 2022, causa rol N° 22.684-2022. Sin perjuicio de lo anterior, indica que tampoco se ha solicitado la debida certificación ante ese Servicio en orden a que la solicitud respectiva no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal. De otro lado, destaca los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esa autoridad migratoria, siendo la consecuencia

Texto Completo (Preview)

C.A. de Copiapó Copiapó, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1°) A folio 1, con fecha 26 de octubre pasado, comparece el abogado don Pablo Javier Cancino Valenzuela, actuando en favor de doña Rossiris Gioconda Mendoza Nuñez, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°27.055.264-1, número de pasaporte 110528067, ambos domiciliados para