CALDERON/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Hechos

Visto: A folio N° 1, comparecen los abogados Pablo Peñaloza y Joaquín Contreras, a favor de Carlos Roberto Salinas Vera, de nacionalidad paraguaya, Alvarado Rafael Jesús Navarrete Toro, Osman José Valera Beriles, Yoleidy Andreina Orduz Mora y María Auxiliadora Calderón Pérez, todos de nacionalidad venezolana, e interponen acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto aquel ha omitido ilegal y arbitrariamente un pronunciamiento acerca de las solicitudes de permanencia definitiva impetradas por los actores con fechas 17 de julio de 2019, 13 de marzo de 2021, 06 de noviembre de 2021, 22 de octubre de 2021 y agosto de 2019, respectivamente, infringiendo así lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 y vulnerando la garantía fundamental de que es titular, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Arguye que la afectación es de carácter permanente en tanto se mantenga la omisión reprochada y cita jurisprudencia sobre el punto y hace referencia a la consagración normativa del principio de celeridad que informa el actuar de los Órganos Públicos, por lo que pide se acoja la acción y se ordene a la recurrida pronunciarse acerca de la petición formulada por el actor, adoptando las medidas que sean necesarias por esta Corte y acompaña comprobantes de solicitud, estampado de visa sujeta a contrato y residencia temporaria, cédulas de identidad de extranjeros, comprobante de pago de derechos, notificación y comprobante de subsanación. A folio N° 5, se evacúa informe por la recurrida que reconoce que las solicitudes se encuentran en tramitación desde las fechas indicadas, respecto de Carlos Salinas el 29 de septiembre del año en curso realizó el pago de derechos de la solicitud de residencia definitiva; respecto de Álvaro Navarrete, el procedimiento avanzó a su etapa actual el 9 de diciembre de 2021, sin señalar cuál es aquella; ocurre lo mismo con Osman Valera desde el 6 de enero de 2022, mientras que

Fundamentos

considerando: Primero: Que la presente acción cautelar denuncia como ilegal y arbitraria la demora injustificada de parte del Departamento de Extranjería, hoy Servicio Nacional de Migraciones, en resolver las peticiones deducidas por los recurrentes respecto del otorgamiento de sus permisos de residencia definitiva en nuestro país. Lo anterior se basa en síntesis, en la ausencia de razonable justificación para la demora en la conclusión del procedimiento administrativo, más allá del plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 que informe el actuar de los órganos del Estado. Segundo: Que, en el caso sublite, se concluye de los antecedentes que obran en autos, que los recurrentes solicitaron su permanencia definitiva en Chile a través de los canales destinados a tal efecto, sin obtener respuesta final alguna de la recurrida en relación con la tramitación, más allá́ del hecho informado en el marco de la secuela del presente arbitrio constitucional, conforme se explicó́ por la recurrida y fluye del contenido de la documental acompañada por aquella. Tercero: Que, entonces, se desprende del mérito de autos que la recurrida ha incurrido en una dilación en la resolución de las solicitudes presentadas por los actores que excede el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, sin que exista justificación racional y suficiente para ello, ni tampoco un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegar la solicitud de aquellos. Así́, en el presente caso, se ha producido una demora en la tramitación de la solicitud que es dable calificar como excesiva, lo que ha afectado la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la Republica, al omitir la Administración la actuación que es debida para un caso como éste, dentro de los plazos legales y sin que se haya entregado para ello una explicación plausible, razonable, idónea y suficiente del porqué de dicho retardo, máxime si, como ella misma lo informó, resta el mero examen documental de los antecedentes y no se indicó cuál fue la razón para que transcurriera hasta dicha etapa prácticamente un año desde que se ingresaran la peticiones por parte de los actores, y más tiempo en algunos casos.

Fallo

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones posteriores, se declara: I.- Que se acoge la acción interpuesta a folio N° 1, por los abogados Pablo Peñaloza y Joaquín Contreras, a favor de Carlos Roberto Salinas Vera, de nacionalidad paraguaya, Alvarado Rafael Jesús Navarrete Toro, Osman José Valera Beriles, Yoleidy Andreina Orduz Mora y María Auxiliadora Calderón Pérez, todos de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. II.- Que en consecuencia, se ordena a la recurrida resolver el procedimiento en el sentido que en derecho corresponda, emitiendo un pronunciamiento acerca de lo solicitado, dentro del plazo de sesenta días desde que la presente sentencia cause ejecutoria. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Rol Protección N° 4301-2022

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Puerto Montt, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto: A folio N° 1, comparecen los abogados Pablo Peñaloza y Joaquín Contreras, a favor de Carlos Roberto Salinas Vera, de nacionalidad paraguaya, Alvarado Rafael Jesús Navarrete Toro, Osman José Valera Beriles, Yoleidy Andreina Orduz Mora y María Auxiliadora Calderón Pérez, todos de nacionalidad venezolana, e interponen acción de prote