CARRETERO/MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Hechos

VISTOS Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a folio 1, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, y Joaquín Andrés Contreras Roa, deducen recurso de protección en favor de doña BETTY CECILIA CARRETERO AVENDAÑO, de nacionalidad colombiana, con pasaporte N°AP966872, domiciliados para estos efectos en Nueva 02 #2207, Comuna Ovalle, Región de Coquimbo, Región De Coquimbo, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido al no pronunciarse sobre la solicitud de regularización migratoria pedida por la recurrente con fecha 22 de julio de 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880. Indican que la recurrente ingresó al país en calidad de turista y estando dentro del país cambió su condición migratoria postulando al proceso de regularización migratoria, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Sostienen que, por lo anterior, y en el marco del proceso de Regularización Migratoria, con fecha 22 de julio de 2021 la recurrente realiza su postulación a la regularización correspondiente a través del sistema en línea de trámites extranjería, según consta en comprobante de solicitud N°24592390. Exponen que, sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no ha recibido respuesta del trámite iniciado lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado. Exponen que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de regularización migratoria, y que a la fecha de presentación del recurso ha transcurrido 01 año, 02 meses y 26 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada. Destacan que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley 19.880, y destaca los principios de celeridad y economía procedimental en virtud de los cuales la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Solicitan tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie en un plazo no superior a 30 días corridos, o el que se estime conforme al mérito de autos, sobre la solicitud, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho con expresa condena en costas. Acompañan a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de regularización migratoria en trámite. 2. Pasaporte de la recurrente. 3. Tarjeta única migratoria (PDI). SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitand

Fallo

por lo expuesto, y teniendo presente que esa parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual del amparado, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra en tramitación, manteniendo situación migratoria regular, solicitando además el rechazo a la condena en costas del servicio. Acompaña entre otros documentos: Resolución Exenta N°21105448, de fecha 22 de julio de 2021. TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otr

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Carretero Avendaño, Betty Cecilia Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 6852-2022. La Serena, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a folio 1, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, y Joaquín Andrés Contreras Roa, deducen recurso de protección en favor de doña BETTY CECILIA CARRETERO AVENDAÑO, de nacionalidad colombiana, co