CORREA / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Hechos

Visto: A folio 1, se deduce acción de protección en favor de doña Rosmilca Magalys Martínez Mayora, venezolana, don Marcos Arturo Montes de Oca Matute, venezolano y don Diego Correa Giraldo, colombiano, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio del derecho consagrado en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la falta de pronunciamiento de la recurrida sobre las solicitudes de residencia definitiva de los recurrentes. Solicitan que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida el pronunciamiento de rigor. Fundan su arbitrio en que son residentes temporarios regulares en el país, y solicitaron la permanencia definitiva el 20 de agosto de 2019, 19 de febrero de 2021 y 4 de diciembre de 2020 respectivamente, habiendo transcurrido más de seis meses sin respuesta a sus solicitudes, lo que les ha traído diversos perjuicios en la vida cotidiana, y sin que existan noticias respecto a las mismas, incumpliéndose entonces, por parte de la recurrida, el debido proceso administrativo, especialmente en lo referente a los artículos 7, 17 y 27 de la Ley N° 19.880. A folio 9, informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del arbitrio intentado, señalando que los extranjeros impetraron sus solicitudes de permanencia definitiva en la fecha que señala, las que se encuentran actualmente en etapa de análisis resolutivo en el caso de la primera, y de evaluación intermedia en los otros casos. A ese respecto, señala que los actores mantienen situación migratoria regular en el país, sin limitaciones, por lo que no existe vulneración alguna de derechos. En cuanto al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, indica que el mismo no resulta fatal para la administración. Señala además que el presente arbitrio no resulta la vía idónea para la obtención de lo pretendido, sino que ello debe ser arbitrado mediante la figura del sile

Fundamentos

considerando: Primero: Que la omisión reprochada a través del presente arbitrio es la falta de respuesta de las solicitudes de residencia definitiva de los recurrente, que les ha puesto en una situación de incertidumbre, que les ha impedido realizar diversos trámites necesarios para la vida diaria, afectando su derecho al debido proceso administrativo y a la igualdad ante la ley. Segundo: Que, aun cuando es de competencia exclusiva de la autoridad administrativa resolver las solicitudes de residencia temporal o permanente, ello no implica que pueda tramitarlas de forma arbitraria, puesto que resultan aplicables en la especie las normas de la Ley N° 19.880, que regula la actividad administrativa, estableciendo reglas y principios que se deben aplicarse de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia, puesto que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración. Tercero: Que, desde que se presentaron los requerimientos de permanencia definitiva, el procedimiento ha demorado más de seis meses, en circunstancias que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.” Asimismo, al no resolver las solicitudes, la autoridad recurrida ha incurrido en una omisión ilegal, ya que el inciso 1° del artículo 14 de la Ley N° 19.880 dispone que “la administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.” Cuarto: Que, además, el artículo 4° de la Ley N° 19.880 establece los principios que informan el procedimiento administrativo, entre los que se incluyen los de celeridad, el conclusivo y de economía procedimental. Del mérito de los antecedentes queda en evidencia el incumplimiento de los referidos principios, pues la recurrida ha dilatado injustificadamente el procedimiento, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880. Es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado, manteniendo a la interesada en la incertidumbre, al no emitir pronunciamiento sobre su solicitud, pese a la obligación legal que tiene al efecto. Quinto: Que lo expuesto en el considerando anterior es relevante, porque no existe un acto administrativo formal que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada, cuestión que es obligatoria, ya que sólo a través de la expedición de la respectiva resolución surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido. Sexto: Que, la omisión en

Fallo

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge sin costas la acción de protección interpuesta en favor de doña Rosmilca Magalys Martínez Mayora, don Marcos Arturo Montes de Oca Matute y don Diego Correa Giraldo en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y en consecuencia la recurrida deberá emitir los pronunciamientos que en derecho correspondan respecto de las solicitudes de residencia definitiva de los recurrentes dentro del plazo de sesenta días corridos. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. No sujeta a anonimización. N°Protección-130397-2022. En Valparaíso, quince de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto: A folio 1, se deduce acción de protección en favor de doña Rosmilca Magalys Martínez Mayora, venezolana, don Marcos Arturo Montes de Oca Matute, venezolano y don Diego Correa Giraldo, colombiano, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio del derecho consagrado