GARCIA Y MIRO/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTOS: Con fecha 23 de julio del año 2022, comparece el abogado Alejandro Ignacio Espinoza Espinoza, en favor de Joanna Miro Mayor, cédula de identidad para extranjeros N°26.874.989-6, y de Jesús Manuel García Hernández, cédula de identidad para extranjeros N°26.873.611-5, ambos de nacionalidad cubana, y domiciliados para estos efectos en Nevado Flores N°782, Manzanal, comuna de Rancagua, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por Luis Thayer Correa, con domicilio en San Antonio N° 580, Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando solicitud de permiso de permanencia definitiva. Funda su recurso en que los recurrentes que con fecha 25 de junio de 2020 y 26 de junio de 2020, solicitaron el beneficio de permanencia definitiva. Añade que habiendo transcurrido casi 12 meses desde las solicitudes, se les informa a los actores que deben subsanar, por falta de uno de los documentos, dentro del plazo de 5 días, a través de la plataforma online del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que doña Joanna Miro Mayor subsana con fecha 08 de junio de 2021, quedando consignada la nueva solicitud con el N°25551796; y don Jesús Manuel García Hernández subsana con fecha 10 de junio de 2021, quedando consignada la nueva solicitud con el N°16443428. Alega que, habiendo transcurrido 13 meses desde sus respectivas presentaciones, hasta la fecha de presentación de la acción de marras, no han recibido comunicación alguna por parte de la recurrida en relación a sus permanencias definitivas. Alega que con su actuar, la recurrida infringe los principios de celeridad, de inexcusabilidad y economía procedimental, contenidos en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administ

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. SEGUNDO: Que, mediante el presente recurso se reprocha la excesiva dilación del procedimiento administrativo de solicitud de visa de permanencia definitiva iniciada por los actores con fecha 25 de junio de 2020 y 26 de junio de 2020, y subsanadas con fecha 8 y 10 de junio de 2021, respectivamente, por cuanto hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional de protección, tales solicitudes no han sido resueltas por la autoridad administrativa, transcurriendo un plazo de un año y un mes sin que dichas peticiones tuvieran respuesta definitiva por parte de la administración. TERCERO: Que, la institución recurrida solicitó el rechazo de la presente acción de protección, por cuanto las solicitudes de permanencia definitiva de los actores se efectuaron en forma extemporánea y con documentos no vigentes, sin perjuicio de que se encuentran en trámite, en la etapa de evaluación intermedia. CUARTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14° define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. QUINTO: Que, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020). SEXTO: Que,

Fallo

por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre las antes indicadas solicitudes, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los recurrentes en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Joanna Miro Mayor, cédula de identidad para extranjeros N°26.874.989-6, y de Jesús Manuel García Hernández, cédula de identidad para extranjeros N°26.873.611-5, ambos de nacionalidad cubana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solo en cuanto se dispone que éste último deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las solicitudes de permanencia definitiva dentro del plazo de noventa días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada. R

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Rancagua, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. VISTOS: Con fecha 23 de julio del año 2022, comparece el abogado Alejandro Ignacio Espinoza Espinoza, en favor de Joanna Miro Mayor, cédula de identidad para extranjeros N°26.874.989-6, y de Jesús Manuel García Hernández, cédula de identidad para extranjeros N°26.873.611-5, ambos de nacionalidad cubana, y domiciliados para estos efectos en Nev