ABIGAIL ELENA RODRIGUEZ CHUMBE/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTO Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Por ende, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías o derechos – preexistentes - protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Segundo: Que se presenta el abogado Jorge Lena Salgado recurriendo de protección en favor de ABIGAIL ELENA RODRÍGUEZ CHUMBE, ciudadana peruana, y haciendo consistir la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada en la falta de pronunciamiento acerca de la solicitud de permanencia definitiva en Chile de la recurrente, la que solicitó, indica, el 6 de abril de 2021, y hasta la fecha no ha obtenido respuesta definitiva de la misma; añade que la recurrente desea desarrollar su proyecto de vida en nuestro país y considera vulnerado a su respecto el principio de igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución Política en el artículo 19 numeral 2 y los principios a que deben ceñirse los órganos de la Administración del Estado según lo dispone la Ley 19.880. Pide se ordene a la recurrida se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, tomando todas las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. Tercero: Que el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, reconoce la demora en la respuesta a la solicitud planteada por la recurrente pero afirma que la misma ha sido sometida al procedimiento regular, estando actualmente en el estado de evaluación intermedia desde el 9 de diciembre de 2021. Dice que la extranjera tiene una situación migratoria regular por lo que estima que no ha vulnerado garantía constitucional alguna; estimando que el plazo que señala la ley para dar respuesta a una solicitud administrativa se encuentra en la situación de excepción por fuerza mayor o caso fortuito en razón de la pandemia que nos afecta como país, además de no ser fatal y de que el recurrente pudo hacer uso del silencio administrativo. Cuarto: Que, entonces, no está discutido por las partes y así dan cuenta los antecedentes acompañados, que desde el 6 de abril de 2021 la solicitud de permanencia definitiva en nuestro país de la extranjera recurrente, se encuentra en trámite; que el certificado emitido al efecto, expresamente consigna que dicho comprobante “tien

Fallo

fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Jorge Lena Salgado en favor de la ciudadana peruana ABIGAIL ELENA RODRÍGUEZ CHUMBE, y se le ordena al Servicio Nacional de Migraciones, resolver o adoptar las medidas que sean pertinentes para que la recurrente obtenga un pronunciamiento definitivo respecto de su solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo máximo de 30 días hábiles administrativos, lo que informará a esta Corte. Acordada con el voto en contra del ministro Camilo Alvarez Ordenes, quien estuvo por rechazar la acción, fundado en que la solicitud del recurrente se encuentra en trámite, junto a “más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad”, como argumenta el servicio público recurrido, de modo que no se advierte un acto u omisión arbitrario específico y de la entidad suficiente que vulnere las garantías constitucionales de aquél, salvo la demora ostensible en obtener una decisión administrativa acerca de su situación migratoria, la que produce incertidumbre en el recurrente; pero encuentra una razón explicativa en el hecho público y notorio de la pandemia, la que ha retrasado las actividades laborales, entre ellas, la de la Administración Pública y halla sustento normativo en el artículo 27 de la ley N° 19.880, que señala una regla general de seis meses para la conclusión del procedimiento administrativo, salvo caso fortuit

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C.A. de Concepción xsr Concepción, once de octubre de dos mil veintidós. VISTO Y CONSIDERANDO: Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición