ZELADA/ISAPRE CONSALUD S.A.

Hechos

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que comparece don Mario Vargas Castro, abogado, quien interpone acción de protección, en favor de doña Maria Eugenia De Las Mercedes Zelada Carrizo, y en contra de Isapre Consalud S.A., por el acto arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de un factor de riesgo discriminatorio y arbitrario, que ha sido obtenido de acuerdo a normas inconstitucionales e inexistentes en el escenario jurídico actual, afectándose con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley, protección de la salud y el derecho de propiedad conforme lo preceptuado en el artículo 19 números 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República. Señala que la recurrente se encuentra contractualmente vinculada con Isapre Consalud a través del plan de salud que indica, cuyo monto final a pagar se obtiene mediante la multiplicación del precio base por el factor de riesgo del grupo familiar, más la sumatoria de las Garantías Explícitas en Salud, arrojando un precio final que carece de toda razonabilidad. Explica que la ilegalidad y arbitrariedad está constituida por la aplicación de la referida tabla de factor de riesgo, basada en la edad y sexo de la persona afiliada, toda vez que ésta fue por sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 6 de agosto de 2010, en causa Rol N° 1710-10-INC, la que declaró la inconstitucionalidad y, en consecuencia, abrogó los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 (actual artículo 199 del D.F.L. N° 1 del año 2005), norma que facultaba a las Isapres para aplicar tablas de factores de edad y sexo, para determinar el valor de los contratos de salud. En otras palabras, a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, la disposición legal que establecía parámetros o pautas de discriminación por edad o sexo ha sido eliminada del ordenamiento jurídico por atentar en contra de la Constitución Política de la República. De este modo, la facultad de fijar los precios de los pla

Fundamentos

considerando la contingencia de los riesgos de un modo desproporcionado en sí mismo, más cuando la estimación de costos ha sido establecido sin un parámetro real y objetivo. Manifiesta que el derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado fue ejercido por la recurrente al momento de afiliarse a la Isapre, optando así por el sistema privado. La acción ilegal y arbitraria amenaza este derecho, por cuanto aumentar los costos utilizando variables no objetivas, discriminatorias, alejadas del derecho de seguridad social y bajo el criterio de normas derogadas, podría impedir que la recurrente continúe gozando de su plan de salud por el altísimo costo que este le significa. Asevera que el precio que se está cobrando a la afiliada atenta directamente contra el derecho de propiedad toda vez que el excesivo precio del mismo genera una merma en su patrimonio para costear dicha cotización. Por otra parte, la recurrente tiene derecho de propiedad sobre su contrato de salud, el cual está regulado por normas de orden público, y en consecuencia tiene derecho a que el precio por el plan de salud se determine en base a normas vigentes, y no en base a normas que se encuentran derogadas. Indica que la presente acción se interpone dentro del plazo señalado en el N° 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y

Fallo

Fallo del Recurso de Protección, ya que el contrato de salud es de tracto sucesivo, y sus efectos se renuevan mes a mes produciendo efectos permanentes en el patrimonio del afiliado. En virtud de lo expuesto, pide que se acoja la acción de protección declarando que la Isapre, para determinar el precio final del plan de salud, deberá abstenerse de multiplicar el precio base del plan por el factor de riesgo de la afiliada y reembolsar el dinero pagado en exceso, con costas. SEGUNDO: Que, la Isapre recurrida evacúa informe, alegando que la acción ha sido interpuesta de manera extemporánea y señala que la acción constitucional es improcedente, pues la propia recurrente aceptó voluntariamente las condiciones contractuales del instrumento celebrado por ella, el cual está determinado por los componentes establecidos por el Legislador, esto es, precio base, factor y prima GES. Refiere que la acción de protección no es una vía idónea para impugnar normas legales. Por otro lado, el fallo del Tribunal Constitucional no tuvo por objeto derogar la tabla de factores, sino únicamente anuló algunos numerales de una norma (1-4 del artículo 199 del D.F.L. Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud) que establecían los parámetros que señalaba dicha norma para que la Superintendencia de Isapres estableciera instrucciones para su confección y a su vez exhortó al Legislador para dictar una nueva norma con parámetros que no fueren discriminatorios, sin embargo, lamentablemente tanto la autoridad regul

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C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veintidós. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que comparece don Mario Vargas Castro, abogado, quien interpone acción de protección, en favor de doña Maria Eugenia De Las Mercedes Zelada Carrizo, y en contra de Isapre Consalud S.A., por el acto arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de un factor de riesgo discriminatorio y arbitrario