YÁÑEZ/ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

Hechos

VISTO: Comparece SEBASTIAN CUBILLOS BARRERA, en favor de JOSE MANUEL YAÑEZ SANCHEZ, empleado, cédula de identidad N° 11.575.409-2, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Isapre Colmena Golden Cross S.A., fundándose en que ésta aplicó un precio improcedente al contrato de salud del recurrente en relación a una tabla de factores discriminatoria por edad, vulnerando el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales previstos en los numerales 2°, 9° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Señala que el recurrente se encuentra vinculada con la Isapre a través del plan de salud “EBRO6120”, que contrató sin preexistencias ni restricción de coberturas para patologías. Refiere que el precio del plan de salud se multiplica por un factor determinado por la recurrida, que en su caso es de 1,4 en razón de su edad, lo que resulta arbitrario, en la medida que si fuera más joven dicho factor sería mucho menor, encontrándose en el tramo de 50 a 55 años; es decir, se le discrimina por su edad. Agrega que el actuar de la Isapre es arbitrario e ilegal, por cuanto la norma que le sirve de sustento fue derogada por el Tribunal Constitucional. En efecto, el Tribunal Constitucional el 6 de agosto de 2010 mediante sentencia dictada en la causa Rol N° 1710-10-INC, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto de 2010, declaró la inconstitucionalidad y, en consecuencia, derogó los numerales 1°, 2°, 3° y 4° del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 (actual artículo 199 del DFL N° 1 de 2006), norma que facultaba a las Isapres para aplicar tablas de factores de edad y sexo, a fin de determinar el valor de los contratos de salud. A través de dicha sentencia, la disposición legal que establecía parámetros o pautas de discriminación por sexo y edad fue eliminada del ordenamiento jurídico por atentar en contra de la Constitución Política de la República. Cita jurispruden

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto. SEGUNDO: Que, para resolver la controversia planteada cabe consignar que en la especie se ha ejercido este recurso de protección en razón del acto efectuado por la Isapre recurrida, que fue calificado como ilegal y arbitrario, consistente en la aplicación de una tabla de factores de riesgo discriminatoria en razón de la edad del recurrente, establecida por una norma derogada, lo que ocasiona que, en definitiva, pague por su plan de salud un mayor valor en razón de la edad, lo que a juicio del recurrente importa una privación, perturbación y amenaza del derecho a la igualdad ante la ley, la libre elección del sistema de salud y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Así razonado, se desestimará la alegación de improcedencia, al establecerse por el ordenamiento esta acción para conocer de la vulneración de garantías constitucionales. TERCERO: Que, el problema a dilucidar consiste en determinar si resulta procedente la aplicación de un factor de riesgo al plan de salud vigente del recurrente, en relación a su edad, atendida una tabla de factores derogada, y si aquello constituye o no un acto ilegal o arbitrario. CUARTO: Que, en primer lugar, se debe tener presente que los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 fueron declarados inconstitucionales por sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de agosto de 2010. De esta forma y según lo dispone el inciso tercero del artículo 94 de la Constitución Política de la República, dispone que “se entenderá derogada desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo”, publicación que se cumplió con fecha 9 de agosto de 2010. QUINTO: Que, en tal virtud y teniendo en consideración que la disposición legal del artículo 38 ter de la Ley N°18.933, en cuanto establecía parámetros o pau

Fallo

Fallo del Recurso de Protección, desde que habría que ocurrido la vulneración, esto es, desde el momento de afiliarse a la Isapre mediante el Formulario Único de Notificación respectivo. En cuanto al fondo, indica que no ha incurrido en ningún acto u omisión ilegal o arbitraria en perjuicio del recurrente, quien solicita en su libelo que no se le apliquen los factores de riesgo establecidos en su contrato de salud vigente y, en consecuencia, pretende que no se le aplique la forma de cobrar que el mismo legislador ha establecido y que se encuentra plenamente vigente. Expone que se intenta dejar sin efecto un acto jurídico bilateral, como es la suscripción de un plan de salud individual, que en su propio recurso él mismo reconoce haber suscrito -con pleno conocimiento de sus efectos- en pleno uso de su libertad contractual, y, más importante aún, en ejercicio de la libre elección del sistema de salud establecido en el Nº9 inciso final de artículo 19 de la Constitución Política de la República, aceptando las condiciones vigentes al momento de suscribirse, condiciones que sin embargo ahora pretende desconocer. Agrega que el recurrente omite señalar al citar el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010, que dicho fallo sólo derogó y declaró inaplicables respectivamente los números 1 al 4 del artículo 199 del DFL Nº 1 del año 2005, cuyas consecuencias han sido reiteradamente señaladas por la jurisprudencia y la Superintendencia de Salud, en el sentido de que la Isapre solo

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Arica, uno de agosto de dos mil veintidós. VISTO: Comparece SEBASTIAN CUBILLOS BARRERA, en favor de JOSE MANUEL YAÑEZ SANCHEZ, empleado, cédula de identidad N° 11.575.409-2, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Isapre Colmena Golden Cross S.A., fundándose en que ésta aplicó un precio improcedente al contrato de salud del recurr