LEIDENS/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Vistos: En folio 1, comparece el abogado don Ernesto Manríquez Mendoza, en favor de don Samuel Augusto Leidens Lobo, venezolano, profesional, pasaporte 121777645, domiciliado en Parque Vicente Pérez Rosales 625, San Pedro de la Paz y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sucesor del Departamento de Extranjería y Migración, representado por don Luis Thayer Correa. Solicita que se acoja el recurso y ordenar a dicho organismo que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de residencia definitiva presentada ante ella por su representado dentro de quinto día hábil contado desde la notificación de esta sentencia, o, en subsidio, en el plazo que se ordene, bajo el apercibimiento que, si no se resolviere la solicitud, se remitirán los antecedentes al superior jerárquico y a la Contraloría General de la República, con costas. Funda su acción en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva presentada por el extranjero el 15 de junio de 2020 y que hasta hoy no tiene una respuesta final. Alega que esta omisión afecta el derecho a la igualdad ante la ley y la ley N°19880, especialmente sus artículos 4°, 7°, 8°,14 y 27, relativos al principio de celeridad y al impulso de oficio en todos los trámites, según detalla. En folio 6, don Diego Calderón Castillo, abogado, por el Servicio Nacional de Migraciones, continuador del recurrido Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo del recurso. Expone que el recurrente solicitó el beneficio de residencia definitiva el 15 de junio de 2020 y el 8 de diciembre de 2021, mediante Resolución Exenta N°21380556, se informó al extranjero que su solicitud avanza a etapa de análisis resolutivo. Refiere las normas aplicables al caso y que a la fecha, a consecuencia de estar en tramitación la solicitud de la recurrente, se deriva que mantiene situación migratoria regular en el te

Fundamentos

considerando: 1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, número”, entre otros, 2°, podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. 2°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente. 3°.- Que el recurrente tilda de arbitraria e ilegal, la demora excesiva de la recurrida en pronunciarse acerca de la solicitud de regularización migratoria de Samuel Augusto Leidens Lobo, efectuada el 15 de junio de 2020. La recurrida, en tanto, solicitó el rechazo de la acción conforme a los argumentos indicados en la sección anterior de esta sentencia. 4°.- Que conforme a los antecedentes acompañados, se encuentran acreditados los siguientes hechos: a) el 15 de junio de 2020, el ciudadano venezolano Samuel Augusto Leidens Lobo presentó ante el Departamento de Extranjería y Migración, su solicitud de regulación migratoria; y b) conforme a la resolución exenta N° 21380556, de 8 de diciembre de 2021, del Director del Servicio Nacional de Migraciones, se aprobó el avance de dicha solicitud de permanencia definitiva, “certificándose que su trámite se encuentra en la etapa de “Análisis resolutivo”. Así consta en los documentos aportados por la recurrente (folio 1) y en la resolución exenta N° 21380556 acompañada en el informe de la recurrida (folio 6 N°1). 5°.- Que el procedimiento establecido para el trámite en cuestión es de carácter administrativo, de manera que debe sujetarse a lo previsto en la Ley 19880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El artículo 4º de dicha ley, señala como principios del procedimiento administrativo, los de: escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradicto

Fallo

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19880, 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y demás normas citadas, se acoge la acción de protección interpuesta por el abogado don Ernesto Manríquez Mendoza, en favor de don Samuel Augusto Leidens Lobo, sólo en cuanto se dispone que el servicio recurrido deberá resolver conforme a derecho, acerca de la solicitud del recurrente, dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos desde que quede firme esta sentencia, sin costas. Acordada con el voto en contra del redactor, quien estuvo por rechazar la acción, fundado en que la solicitud de la recurrente se encuentra en trámite, de modo que no se advierte un acto u omisión arbitrario específico y de la entidad suficiente que vulnere sus garantías constitucionales, salvo la demora ostensible en obtener una decisión administrativa acerca de su situación migratoria, la que produce incertidumbre en la recurrente; pero encuentra una razón explicativa en el hecho público y notorio de la pandemia, la que ha retrasado las actividades laborales, entre ellas, la de la Administración Pública y halla sustento normativo en el artículo 27 de la ley N° 19880, que señala una regla general de seis meses para la conclusión del procedimiento administrativo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, es decir, un imprevisto a que no es posi

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C.A. de Concepción xsr Concepción, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vistos: En folio 1, comparece el abogado don Ernesto Manríquez Mendoza, en favor de don Samuel Augusto Leidens Lobo, venezolano, profesional, pasaporte 121777645, domiciliado en Parque Vicente Pérez Rosales 625, San Pedro de la Paz y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sucesor del