MORALES PIZARRO MARTIN GUILLERMO/TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Hechos

Visto y teniendo presente: Primero: Que se ha elevado para el conocimiento de esta Corte el recurso de apelación deducido por la parte ejecutada contra la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por el Tesorero Regional Metropolitano Santiago Poniente que no dio lugar al incidente de abandono del procedimiento promovido por el contribuyente. Segundo: Que la tesis que se plantea en la resolución de primer grado se opone a aquélla sostenida por esta Corte de Apelaciones de manera uniforme y reiterada, en orden a que el Tesorero Provincial o Regional, según corresponda, actúa en la primera fase del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias como juez sustanciador en sede administrativa y ejerce efectivamente jurisdicción, en tanto está dotado por la ley para adoptar decisiones con autoridad de cosa juzgada que se pronuncian respecto de un conflicto de relevancia jurídica. No se desconoce que la competencia del Tesorero es limitada por la ley para decidir ciertas y determinadas cuestiones e incluso circunscrita a la adopción de resoluciones que supongan un resultado específico, pero aun así, en tanto dentro de esas competencias se contemple la de emitir pronunciamientos que zanjen controversias regidas por el Derecho, es un órgano que, como se dijo, ejerce jurisdicción. Refuerza lo anterior lo sostenido por la Corte Suprema, en tanto ha señalado que “es la propia ley la que reiteradamente le asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha calidad y ajenas al ámbito administrativo, haciendo supletorias las disposiciones comunes a todo procedimiento” (SCS Rol N° 1730-13 de 16 de mayo de 2013), y que el proceso de cobranza tramitado en el expediente administrativo seguido ante el Tesorero Comunal respectivo y luego ante el Abogado Provincial pertinente, “es de naturaleza jurisdiccional, y está sometido al tribunal competente llamado por ley a conocer de tal asunto” (SCS R

Fallo

fallo por sentencia definitiva ejecutoriada, el plazo será de seis meses contados desde la última resolución recaída en alguna gestión útil; en cambio, en las hipótesis de no haberse opuesto excepciones o hallarse éstas desestimadas por sentencia firme, ese plazo será de tres años, contados desde la última gestión útil hecha en el procedimiento de apremio destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación. Quinto: Que en el caso de autos, aun en la hipótesis más desfavorable para el ejecutado, cual es el que el plazo para declarar el abandono sea de tres años, este término ha de todas formas transcurrido con creces, desde que la última actuación que puede calificarse de útil es la de fecha doce de agosto del año dos mil catorce, que corresponde a un informe del recaudador fiscal en que da cuenta la imposibilidad de dar cumplimiento a una resolución. En este escenario, al haberse promovido el incidente de abandono el quince de diciembre del año dos mil veintiuno, aparece cumplido en exceso el término de tres años previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil, de tal forma que atendida la inactividad que se advierte de quien tenía el impulso procesal de la presente causa, corresponde que el incidente de abandono del procedimiento sea acogido. No obsta a la conclusión anterior, en términos que pueda estimarse tenga cabida la regla que consagra el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, la presentación de nueve de julio de dos mil veintiuno en

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C.A. de Santiago Santiago, uno de abril de dos mil veintidós. Visto y teniendo presente: Primero: Que se ha elevado para el conocimiento de esta Corte el recurso de apelación deducido por la parte ejecutada contra la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por el Tesorero Regional Metropolitano Santiago Poniente que no dio lugar al incidente de abandono del procedimiento