LIRIANO/DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Hechos

Visto y teniendo presente: Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de José Buenaventura Liriano Acosta, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión calificada como ilegal y arbitraria, consistente en la falta de pronunciamiento de la entidad, sobre la solicitud de permanencia definitiva, afectando la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicita que se acoja la acción interpuesta, ordenando a la recurrida emitir pronunciamiento del requerimiento aludido, adoptando todas las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho (sic). Expone el recurrente que solicitó el beneficio de permanencia definitiva el 15 de enero del 2020, asignándosele el N°2819353 a la tramitación, luego, el 16 de noviembre de 2020, fue notificado por parte del Departamento de Extranjería y Migración, que debía subsanar documentos, otorgándole un plazo de 5 días hábiles, lo que realizó dentro del plazo otorgado, avanzando a revisión documental, según comprobante de 17 de noviembre de 2020. Refiere que la omisión de pronunciamiento del Departamento de Extranjería y Migración, obedece a una arbitrariedad injustificada y excesiva, por cuanto, habría transcurrido más de un año y siete meses sin respuesta a su solicitud. Asimismo, indica que la conducta es ilegal, citando los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, por cuanto estos consagran el principio de celeridad y economía procedimental que a su entender, han sido infringidos por la autoridad administrativa, por lo que pide se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la misma. Segundo: Que informando, el abogado Diego Calderón Castillo, solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que no se configurarían los presupuestos constitucionales y

Fallo

Por lo expuesto, niega que su parte haya incurrido en conducta arbitraria que vulnere las garantías fundamentales que la actora señala, asegurando que ha actuado con estricto apego a la Constitución y normas legales. Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado. Cuarto: Que, en aquel sentido, el acto impugnado por la presente acción corresponde a la falta de pronunciamiento u omisión de tramitación de la recurrida, respecto a la solicitud de permanencia definitiva que el actor realizó el 15 de enero de 2020, sin que a la fecha se haya emitido el acto terminal al efecto. Quinto: Que del mérito de los antecedentes, se colige, que la actuación de la autoridad recurrida fue realizada dentro de su competencia y de acuerdo con sus atribuciones, toda vez, que se ha informado que el pro

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C.A. de Santiago Santiago, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto y teniendo presente: Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de José Buenaventura Liriano Acosta, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión