PEÑA/MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Hechos

Vistos: A folio 1 comparece Felipe Antonio Peña Bañados, chileno, quien deduce acción constitucional de amparo preventivo en favor de Ángela María Delgado Montilla y Ángela Beatriz Sulbaran Delgado en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por Andrés Allamand Zavala, por haber dispuesto el cierre arbitrario de sus solicitudes de visa de responsabilidad democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 21 inciso 3 y 19 numeral 7, de la Constitución Política de la República, y para que, conociendo de esta acción, SS. Iltma. La acoja y en definitiva restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto el cierre administrativo antes referido, por ser contrario a derecho al afectar ilegal y arbitrariamente el derecho a la libertad personal de las amparadas imposibilitando su entrada al país. Refiere que durante el año 2020, las amparadas solicitaron Visa De Responsabilidad Democrática ante el Consulado de Caracas, siendo asignadas con los números de solicitud 820039 y 819887 respectivamente, las cuales fueron acogidas a trámite con todos los recaudos solicitados, sin embargo, el 11 de noviembre del año 2020, las amparadas recibieron un correo electrónico de carácter masivo, manifestándole el cierre de su procedimiento sin indicar razones de derecho especificas sino simples razones espurias, en atención a la pandemia del covid-19, vulnerando el principio de reunificación familiar, evitando así la intención principal de las amparadas de reunirse con su familia: su hija y nieta Anmar María Fernanda Plaza Sulbaran. Destaca que Anmar desde su llegada al país se han dedicado a trabajar arduamente para lograr reencontrarse con su familia y poder sentar las bases de una vida tranquila, haciendo a un lado todos los problemas que viven en Venezuela y que han sido reconocidos a nivel mundial como una crisis humanitaria sin precedentes en Latinoamérica. Sostiene que es menester, considerar que dicho acto es ilegal debido a las siguientes razones:

Fundamentos

CONSIDERANDO Primero: Que por la vía del presente recurso de amparo se cuestiona el actuar del Consulado Chileno en Venezuela, al cerrar la solicitud de la Visa de Responsabilidad Democrática de las actoras, no obstante que ésta había sido acogida a trámite. Segundo: Que el procedimiento administrativo que para estos efectos se sigue en relación a la solicitud de visa de responsabilidad democrática, no puede resolverse de manera genérica para todas las personas -como en él se expresa-, porque es evidente que no todas se encuentran en la misma situación. Tal irregularidad constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración el artículo 41 de la Ley 19.880. Por lo demás, las razones que se expresan para justificar tal decisión son impertinentes y arbitrarias, ya que el principio de celeridad que debe regir a la Administración, es para beneficio del administrado, lo que conlleva razonar que el mero rechazo de una petición en base a la necesidad de concluir con el procedimiento, lesiona el deber de fundamentación que se exige en la dictación de los actos administrativos. Tercero: Que, no obstante corresponder al Estado decidir a quién admite en su territorio y la situación migratoria de los extranjeros, tales límites al derecho de ingreso de éstos al país no pueden comprometer la esencia del derecho de la libertad ambulatoria y no debe invertirse la relación entre el derecho y su restricción, esto es, entre la norma y la excepción, por cuanto estas últimas deben ser necesariamente aplicadas para proteger los derechos sustanciales, debiendo las restricciones excepcionales al ingreso adecuarse al principio de proporcionalidad que la función protectora garantiza y el derecho fundamental involucrado, manifestado en el caso de autos con la autorización para el otorgamiento de la Visa de Responsabilidad Democrática en los términos autorizados por la Ley. En efecto, de acuerdo con los antecedentes, la cancelación o término en la tramitación de la visa de responsabilidad democrática, solicitada en favor de las amparadas, se torna ilegal y debe ser considerada como una perturbación o amenaza en el derecho a la libertad ambulatoria y seguridad individual. Cuarto: Que por otra parte, el principio de reunificación familiar reconocido en el artículo 9 de la Ley 20.430, así como el deber de resguardo de la familia que dispone el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, impone al Estado de Chile no ser el causante o responsable de impedimentos u obstáculos injustificados y/o arbitrarios de orden administrativo y burocrático que entorpezcan o dificulten más allá de lo razonable, la pretendida reunificación. Quinto: Que, en consecuencia, corresponde acoger el presente recurso de amparo, pues la conducta de la recurrida resulta ilegal, ya que se actúa al margen de las normas vigentes al dictarse un acto genérico que no distingue la situación particular de las amparadas, afectando con ello la garantía prevista e

Fallo

por tanto, el acto es ilegal, además la administración ha demostrado una demora culpable en la tramitación; 3) el acto de la autoridad vulnera el principio de la reunificación familiar. Finalmente solicita darle tramitación en un lapso prudencial a las solicitudes que no exceda de 30 días, tomando en consideración los requisitos vigentes al momento de presentarlas, todo conforme al Oficio Circular N 96, de 9 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y, en definitiva, acogerlas, declarando que el mencionado acto es ilegal y arbitrario, y disponiendo como providencia necesaria para restablecer el imperio del derecho dejar sin efecto dicho acto administrativo y ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores regularizar la situación, admitir las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática, tramitarlas, y acogerlas, disponiendo un acto administrativo terminal con estricto apego a derecho. A folio 4 informa informa don Julio Fiol Zúñiga, Embajador, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, indica que cómo es de público conocimiento a partir del mes de diciembre de 2019, se ha producido un brote mundial de virus denominado SARS-COV-2, el que ha afectado a Chile y a otros Estados, en este contexto mediante Decreto Supremo N° 104 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Menciona que el Estado de Venezuela adoptó una s

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Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos: A folio 1 comparece Felipe Antonio Peña Bañados, chileno, quien deduce acción constitucional de amparo preventivo en favor de Ángela María Delgado Montilla y Ángela Beatriz Sulbaran Delgado en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por Andrés Allamand Zavala, por haber dispuesto el cierre