FERRER BETANCOURT LUISA-VELASQUEZ FERRER PAOLA VALENTINA-VELASQUEZ FERRER JOSUE ALEJANDRO-VELASQUEZ FERRER GABRIEL ALEJANDRO/MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Hechos

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, el abogado señor Claudio Quiroga Hinojosa deduce recurso de amparo en favor de Luisa Cecilia Ferrer Betancourt, Paola Valentina Velásquez Ferrer, Josué Alejandro Velásquez Ferrer y Gabriel Alejandro Velásquez Ferrer, todos de nacionalidad venezolana, y en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por el rechazo masivo de las solicitudes de visa de responsabilidad democrática. Expone que don Luis José Velásquez Ávila, con petición de permanencia definitiva en trámite, es el esposo de la primera amparada y el padre de los tres amparados restantes. Agrega que solicitaron visa de responsabilidad democrática, acogida a tramitación, procedimiento en el que fueron citados sólo los hijos a entrega de documentos. En ese contexto, las amparadas de nombre Paola y Luisa recibieron el mail masivo de rechazo de las solicitudes en trámite de 11 de noviembre de 2020, en tanto los otros amparados, si bien no lo recibieron, constataron online que sus procesos se encontraban igualmente cerrados. Por lo anterior, el esposo y padre de los peticionarios, solicitó reconsideración de la decisión que se impugna, sin respuesta. Lo anterior, continúa, afecta la libertad personal asegurada en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política e incumple varios principios y exigencias de la Ley N° 19.880, relativos a plazos, motivación, entre otros, como también infringe el principio de unificación familiar y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Añade que el correo electrónico enviado solo cita los artículos 63, 15 N° 7 y 2° de la Ley de Extranjería, sin embargo, alega que la cita de dichas disposiciones no es pertinente en la especie. Finaliza solicitando que se acoja el arbitrio y se ordene al Consulado General de Chile en Venezuela reprogramar cita para entrega de documentos con el propósito de continuar con el procedimiento de solicitud de visa consular de los amparados para aprobar su visado y que así pueda viajar a Chile y

Fundamentos

considerando que el total de solicitudes de visas en Sudamérica oscila en un número cercano a las 31.997, lo que en definitiva representa casi un 70% de todas las gestiones de visas dentro de Sudamérica. Señala que a raíz de los problemas que ha traído la situación actual, se solicitó a la Cancillería Venezolana la posibilidad de continuar prestando servicios consulares en dicho país, autorizándose en octubre de 2020, que las labores podrían desarrollarse en un sistema de “7+7”, esto es un sistema de turnos, con 7 días corridos trabajados y luego siete días seguidos de cuarentena total. Ahora bien, indica que ante las restrictivas medidas tomadas por Venezuela, el Consulado General no pudo atender público entre los meses de marzo a octubre de 2020, lo que sumado a que se había dispuesto la prohibición de ingreso de extranjeros a nuestro país, provocó que se acumularan un gran número de solicitudes las cuales no eran posibles de tramitar, sin perjuicio de que reconoce que ahora si están pudiendo continuar con los tramites, atendida la autorización dada por la Cancillería de Venezuela, y también considerando que dicho consulado cuenta con una dotación total de 16 funcionarios, lo que no es suficiente para dar abasto a la revisión de documentos de las miles de visas pendientes. Agrega que en cuanto al proceso de tramitación de la visa de responsabilidad democrática no se encuentra terminado, por cuanto sostiene que el correo electrónico que fuera remitido a los amparados solamente constituiría una comunicación de un cierre o suspensión informática, debido a la priorización de labores que tuvo que efectuar dicha Secretaría de Estado a raíz de la crisis sanitaria. En ese orden de ideas, indica que dicho correo electrónico no puede ser considerado como un acto administrativo terminal, por cuanto constituye solamente una comunicación para atender la situación general de caso fortuito o fuerza mayor, pero que sin que el mismo pueda considerar un acto administrativo que contenga la decisión final de la autoridad, por cuanto para el caso en concreto es necesario que sea dictada la resolución correspondiente y que la misma sea notificada a los interesados en la forma establecida en la ley, careciendo

Fallo

se declarara un estado de excepción constitucional, el que se ha ido prorrogando sucesivamente, y habiéndose incluso cerrado las fronteras en nuestro país para el tránsito de extranjeros a territorio nacional mediante el Decreto Supremo N° 192 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, restricción que fue levantada recién el día 23 de noviembre pasado mediante el Decreto N° 500 de 2020, dicho cierre de fronteras duró aproximadamente ocho meses. Luego, y en cuanto al funcionamiento del Consulado General de Caracas en Chile, explica que se encuentra regulado por la Convención de Viene sobre Relaciones Consulares de 1963, en la que se establece que las oficinas consulares deben dar estricto cumplimiento a las normas y leyes de los estados receptores, señalando que en Venezuela desde el día 13 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma para todo el territorio, prohibiéndose distintas actividades, entre ellas las de atención de público presencial, incluyéndose por tanto los trámites en el consulado nacional referido. Explica que dicho estado de alarma ha sido prorrogado sucesivamente mediante diversos decretos, por lo que si bien, reconoce que los trámites pueden iniciarse actualmente por la vía telemática, la revisión de los documentos presencial es esencial y determinante. Hace presente también que el Consulado General de Chile en Caracas ha tenido una sobrecarga laboral, por cuanto se han tramitado cerca de 22.301 solicitudes de visas, considerando que el to

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C.A. de Santiago Santiago, doce de noviembre de dos mil veintiuno. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, el abogado señor Claudio Quiroga Hinojosa deduce recurso de amparo en favor de Luisa Cecilia Ferrer Betancourt, Paola Valentina Velásquez Ferrer, Josué Alejandro Velásquez Ferrer y Gabriel Alejandro Velásquez Ferrer, todos de nacionalidad venezolana, y en contra del Ministerio de Relaciones