REA ABREN ANA MARGARUTA /MIN RELACIONES EXTERIORES

Hechos

Vistos y teniendo presente: PRIMERO: Que con fecha 7 de octubre del año en curso se dedujo acción de amparo en favor de Ana Margarita Rea Abreu, Sandino Daniel Granado Rea, y Fabricio David Granado Rea, todos ciudadanos venezolanos, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el cierre de las solicitudes de visa de responsabilidad democrática efectuadas, lo que estima vulnera las garantías contenidas en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política. Solicitan se acoja el recurso, debiendo revertir la decisión de cerrar y rechazar la solicitud de visa; y ordenar al Consulado General de Chile en Venezuela que continúe con el procedimiento para hacer entrega de la visa consular de los amparados a fin que pueda viajar a Chile. Exponen que se encuentran residiendo en Venezuela, y con el objeto de reunirse con su pareja y padre -respectivamente- que reside en nuestro país, realizaron la solicitud de visa de responsabilidad democrática, durante 2020 y a pesar de que habían sido citadas para entregar la documentación pertinente para para entre los días 6 de julio de 2020, con fecha 11 de noviembre de 2020 recibieron un correo electrónico, de carácter masivo de parte de la Cancillería de Chile, en el cual se les informó que, debido a la prolongación del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus y a que se había excedido el plazo máximo para la finalización del procedimiento administrativo, la autoridad había decidido dictar acto terminal de todos los trámites de solicitud de visa de responsabilidad democrática y, en consecuencia, rechazar todas las solicitudes de visa de responsabilidad democrática pendientes, encontrándose completamente cerrada su solicitud de obtención de visa de responsabilidad democrático, sin posibilidad alguna de volver a realizarla. Argumentan que se ha vulnerado la libertad personal de las amparadas, toda vez que el ministerio recurrido, mediante el acto arbitrario e ilegal en que ord

Fundamentos

considerando que el total de solicitudes de visas en Sudamérica oscila en un número cercano a las 31.997, lo que en definitiva representa casi un 70% de todas las gestiones de visas dentro de Sudamérica. Señala que a raíz de los problemas que ha traído la situación actual, se solicitó a la Cancillería Venezolana la posibilidad de continuar prestando servicios consulares en dicho país, autorizándose en octubre de 2020, que las labores podrían desarrollarse en un sistema de “7+7”, esto es un sistema de turnos, con 7 días corridos trabajados y luego siete días seguidos de cuarentena total. Ahora bien, indica que ante las restrictivas medidas tomadas por Venezuela, el Consulado General no pudo atender público entre los meses de marzo a octubre de 2020, lo que sumado a que se había dispuesto la prohibición de ingreso de extranjeros a nuestro país, provocó que se acumularan un gran número de solicitudes las cuales no eran posibles de tramitar, sin perjuicio de que reconoce que ahora si están pudiendo continuar con los tramites, atendida la autorización dada por la Cancillería de Venezuela, y también considerando que dicho consulado cuenta con una dotación total de 16 funcionarios, lo que no es suficiente para dar abasto a la revisión de documentos de las miles de visas pendientes. Agrega que en cuanto al proceso de tramitación de la Visa de Responsabilidad Democrática no se encuentra terminado, por cuanto sostiene que el correo electrónico que fuera remitido a los amparados solamente constituiría una comunicación de un cierre o suspensión informática, debido a la priorización de labores que tuvo que efectuar dicha Secretaría de Estado a raíz de la crisis sanitaria. En ese orden de ideas, indica que dicho correo electrónico no puede ser considerado como un acto administrativo terminal, por cuanto constituye solamente una comunicación para atender la situación general de caso fortuito o fuerza mayor, pero que sin que el mismo pueda considerar un acto administrativo que contenga la decisión final de la autoridad, por cuanto para el caso en concreto es necesario que sea dictada la resolución correspondiente y que la misma sea notificada a los interesados en la forma establecida en la ley, careciendo

Fallo

se declarara un estado de excepción constitucional, el que se ha ido prorrogando sucesivamente, y habiéndose incluso cerrado las fronteras en nuestro país para el tránsito de extranjeros a territorio nacional mediante el Decreto Supremo N° 102 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, restricción que fue levantada recién el día 23 de noviembre pasado mediante el Decreto N° 500 de 2020, dicho cierre de fronteras duró aproximadamente ocho meses. Luego, y en cuanto al funcionamiento del Consulado General de Caracas en Chile, explica que se encuentra regulado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en la que se establece que las oficinas consulares deben dar estricto cumplimiento a las normas y leyes de los estados receptores, señalando que en Venezuela desde el día 13 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma para todo el territorio, prohibiéndose distintas actividades, entre ellas las de atención de público presencial, incluyéndose por tanto los trámites en el consulado nacional referido. Explica que dicho estado de alarma ha sido prorrogado sucesivamente mediante diversos decretos, por lo que si bien, reconoce que los trámites pueden iniciarse actualmente por la vía telemática, la revisión de los documentos presencial es esencial y determinante. Hace presente también que el Consulado General de Chile en Caracas ha tenido una sobrecarga laboral, por cuanto se han tramitado cerca de 22.301 solicitudes de visas, considerando que el

Texto Completo (Preview)

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vistos y teniendo presente: PRIMERO: Que con fecha 7 de octubre del año en curso se dedujo acción de amparo en favor de Ana Margarita Rea Abreu, Sandino Daniel Granado Rea, y Fabricio David Granado Rea, todos ciudadanos venezolanos, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto arbitrario e ilegal consistente en