FISCO / UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - (LTE)

Hechos

Visto y teniendo presente: Primero: Que se ha elevado para el conocimiento de esta Corte el recurso de apelación deducido por el ejecutado “Universidad de la República”, contra la resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Director Regional Tesorero Metropolitano Subrogante, que rechazó el incidente de abandono del procedimiento y de declaración de decaimiento del mismo procedimiento, promovido por el contribuyente, como también declaró inadmisible la excepción de prescripción deducida por el ejecutado. Segundo: Que la tesis que se plantea en la resolución de primer grado se opone a aquélla sostenida por esta Corte de Apelaciones de manera uniforme y reiterada, en orden a que el Tesorero Provincial o Regional, según corresponda, actúa en la primera fase del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias como juez sustanciador en sede administrativa y ejerce efectivamente jurisdicción, en tanto está dotado por la ley para adoptar decisiones con autoridad de cosa juzgada que se pronuncian respecto de un conflicto de relevancia jurídica. No se desconoce que la competencia del Tesorero es limitada por la ley para decidir ciertas y determinadas cuestiones e incluso circunscrita a la adopción de resoluciones que supongan un resultado específico, pero aun así, en tanto dentro de esas competencias se contemple la de emitir pronunciamientos que zanjen controversias regidas por el Derecho, es un órgano que, como se dijo, ejerce jurisdicción. Refuerza lo anterior lo sostenido por la Corte Suprema, en tanto ha señalado que “es la propia ley la que reiteradamente le asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha calidad y ajenas al ámbito administrativo, haciendo supletorias las disposiciones comunes a todo procedimiento” (SCS Rol N° 1730-13 de 16 de mayo de 2013), y que el proceso de cobranza tramitado en el expediente administrativo seguido ante el Tesorero Comunal respectivo y

Fallo

fallo por sentencia definitiva ejecutoriada, el plazo será de seis meses contados desde la última resolución recaída en alguna gestión útil; en cambio, en las hipótesis de no haberse opuesto excepciones o hallarse éstas desestimadas por sentencia firme, ese plazo será de tres años, contados desde la última gestión útil hecha en el procedimiento de apremio destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación. Quinto: Que en este caso, consta que: · El contribuyente fue notificado y requerido de pago, con fecha 28 de octubre de 2010, por el no pago de 4 multas de la Dirección del Trabajo, por las cantidades de $ 1.471.680, $ 5.150.880, $ 737.260 y $ 106.435; · Por resolución de 15 de marzo de 2018, se dispuso solicitar al Banco de Chile que confeccionare un vale vista a nombre de la Tesorería General de la República, por el total de la suma embargada ascendente a la suma de $1.839.000 y proceda a su entrega a los Recaudadores Fiscales que se indican; · Por resolución del mismo día 15 de marzo de 2018, se dispuso que el Recaudador Fiscal se debía constituir en la Casa Matriz o en cualquiera sucursal del Banco de Chile, para ampliar el embargo sobre cuentas corrientes, depósitos, cuentas de ahorro u otros productos que la Universidad de la República registre en esa institución bancaria hasta por la suma de $29.164.160; · Informe del Recaudador Fiscal, en el que deja constancia que el 27 de marzo de 2018, se constituyó en la Fiscalía del Banco de Chile para notificar la r

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C.A. de Santiago Santiago, doce de octubre de dos mil veintiuno. Visto y teniendo presente: Primero: Que se ha elevado para el conocimiento de esta Corte el recurso de apelación deducido por el ejecutado “Universidad de la República”, contra la resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Director Regional Tesorero Metropolitano Subrogante, que rechazó el incidente de aban