GÓMEZ/ISAPRE BANMEDICA S.A.

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que comparece doña Nicole Amalia Jaldin Araya, Técnico Jurídico y Habilitada en Derecho en favor de don Iván Patricio Gómez Montes, con domicilio en calle Luis Gandarilla 78 Depto. 403 Maipú, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra de Isapre Banmédica S.A., sociedad representada contra de Isapre Banmédica S.A. institución de salud previsional, representada legalmente por don Javier Eguiguren Tagle, ambos domiciliados en Avenida Apoquindo N° 3600, Tercer piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, por los actos ilegales cometidos en su contra, al pretender aplicar un precio improcedente por la inclusión en el contrato de salud de su hijo recién nacido como carga, constituyendo una privación y perturbación en el ejercicio de los derechos constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de la Republica le garantiza, específicamente aquellos consagrados en el número 2 (referido a la igualdad ante la ley), número 24 (referido al derecho de propiedad) y número 9, inciso final (consistente en el derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado); de acuerdo a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho. Expone que con fecha 28 de diciembre del año 2020, el suscrito y recurrente inscribió, vía online, como carga a su hijo, recién nacido y la Isapre recurrida ha pretendido cobrar un precio por su incorporación, aumentando su plan de salud de 6,84 UF a 8,60 UF, conforme consta en el contrato celebrado por ambas partes, pues se ha determinado este mismo mediante la aplicación de tablas de factores establecidas en normas que según sostiene han sido derogadas por parte el Tribunal Constitucional. Hace presente que de conformidad a la tabla de factores aplicada por la recurrida, la que es visible a todo público, los montos indicados allí están conforme a Derecho, sin embargo haciendo el cálculo respectivo, sin duda alguna aplicaron un aumento excesivo en relación a la incorporació

Fundamentos

considerando variables no objetivas y discriminatorias, que permiten a la Isapre, mediante el precio del plan, escoger unilateralmente a sus cotizantes, sobre la base de una discrecionalidad contractual incompatible con su condición de contrato de orden público, respecto de un derecho constitucional como es la protección de la salud, siendo evidente que este sistema de reajustabilidad tiende a dejar sin la alternativa de elegir el sistema de salud al que se desea pertenecer. Finalmente, se estima que el acto materia del recurso vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido en el artículo 19 N°24 de la Constitución, en cuanto a que los efectos económicos de no considerar las variables propias de seguridad social del derecho a la salud, dentro del contrato, implica pagar por parte de la requirente un costo variable que no puede precisarse, pero que supera con largueza aquel costo legítimo y razonable propio de estimar un nuevo beneficiario dentro del plan de salud, viéndose obligada a desembolsar injustificadamente una suma superior a la que normalmente entera por su plan de salud. Asimismo, en cuanto a la infracción de dicha garantía, se debe tener en cuenta que por la incorporación de un nuevo beneficiario la Isapre ha pretendido se pague el precio que corresponde a una discriminación por edad que ha dejado de ser ley, lo cual debe sufragar ciertamente el afiliado disminuyendo en esa proporción su patrimonio.

Fallo

fallo referido, el precio final del plan de salud se determina multiplicando el precio base por el respectivo factor de edad que corresponda al afiliado o a alguno de los beneficiarios, de conformidad a la respectiva tabla de factores, siendo el plan de salud elaborado por la Isapre, y siendo la estructura de la tabla de factores definida por la Superintendencia a través de instrucciones generales y los factores de cada tabla libremente determinados por la Isapre. Por ende, no se han fijado directamente por la ley las condiciones que ordena la Constitución y en tal esquema, o el papel del afiliado, que es el actor principal del derecho de protección a la salud, prácticamente desaparece, pues queda constreñido a aceptar o a rechazar lo que la entidad previsional le ofrezca. Asimismo, porque es evidente que no se puede echar mano a las pautas derogadas conforme a las cuales la Superintendencia debía fijar la estructura de las tablas de factores, y las Instituciones previsionales de Salud son libres para determinar los factores de cada tabla que empleen. Séptimo: Que de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto no cabe sino concluir que el actuar de la Isapre recurrida es, por una parte, ilegal, en tanto la facultad contractual y legal quedó sin sustento en la propia ley en virtud de la derogación declarada por el Tribunal Constitucional, que, por contravenir el derecho público chileno, adolece también de objeto ilícito, según lo ha declarado la Corte Suprema. Por

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C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vistos y teniendo presente: Primero: Que comparece doña Nicole Amalia Jaldin Araya, Técnico Jurídico y Habilitada en Derecho en favor de don Iván Patricio Gómez Montes, con domicilio en calle Luis Gandarilla 78 Depto. 403 Maipú, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra de Isapre Banmédica S.A., sociedad r