GONZÁLEZ/COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE ANTOFAGASTA

Hechos

VISTOS: Comparece Camila Andrea Leonicio Uribe, Abogada, Defensora Penal Pública Penitenciaria, domiciliada en calle Baquedano N°239, oficina 416, Antofagasta, por el condenado Yohanny Gabriel González Olivares, quien deduce acción constitucional de amparo en contra de la Comisión de Libertad Condicional por la dictación de la resolución de 15 de abril de 2021, mediante la cual se rechaza la postulación del amparado al beneficio de libertad condicional, sin ajustarse a derecho, por lo que su privación de libertad se torna arbitraria e ilegal. Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la recurrente expone que su representado se encuentra cumpliendo condena impuesta en causas RUC 1510028922-6, RUC 1800537138-0, impuestas por el Juzgado de Garantía de La Serena y Tribunal de Juicio Oral de Iquique, por el delito de maltrato de obra a gendarme y posesión, tenencia ilegal de arma de fuego. Aduce que, de acuerdo con la información proporcionada por Gendarmería de Chile, su representado registra como fecha de inicio de condena el 02 de junio de 2018 y se proyecta su cumplimiento para el 21 de marzo de 2022. Su fecha de tiempo mínimo de postulación a libertad condicional se verificó el 22 de abril de 2020. Luego, al considerarse por Gendarmería de Chile, mediante su tribunal de conducta, que su representado cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios fijados por el D.L. 321 y su respectiva modificación, el primer semestre del año 2021 su representado fue postulado a la Comisión para optar a la Libertad Condicional. Refiere que en sesión de fecha 15 de abril de 2021, la Comisión de Libertad Condicional rechazó la petición de libertad condicional para el amparado, argumentando: “Que, al revisar los antecedentes del interno, se puede comprobar que éste ha permanecido privado de libertad por el tiempo mínimo para postular al beneficio y que, además, mantiene conducta intachable durante los cuatro últimos bimestres, cumpliéndose los requisitos que establece los números 1 y 2 del artículo 2 del Decreto Ley N° 321. Que, sin embargo, el Informe de Postulación Psicosocial adjunto a dichos antecedentes, y que estos comisionados han ponderado con arreglo a las atribuciones que el Decreto Ley N°321 en su nueva redacción les faculta, da cuenta de la existencia de factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan, por ahora, otorgarle el beneficio solicitado. En efecto, los profesionales a cargo de la evaluación identifican como elementos de riesgo que el interno es evaluado con nivel de riesgo de reincidencia alto y alto compromiso delictual. Se prioriza intervención en los siguientes factores de riesgo: pares criminógenos historia delictual, patrón antisocial, actitud procriminal, educación/empleo y uso del tiempo. Además, según Dsm-V, presenta trastorno por consumo de sustancias, leve, de alcohol y marihuana en remisión continuada, lo cual se mantiene latente, ya que lo minimiza a través de la internalización de normas subculturales ligadas al delito. Respecto a la conciencia del delito y del daño, el interno no ha logrado responsabilizarse por sus actos, manteniendo minimizaciones respecto de estos, reconociendo a su familia como principales víctimas del delito cometido, principalmente si hija, por lejanía, por privación de libertad, presentando aún tendencia a favor del delito y actitud desfavorable hacia las normas y convenciones sociales. En conclusión, es fundamental que el interno logre adquirir el proceso de intervención en su totalidad, con el objetivo de trabajar en sus factores de rie

Fallo

fallo Rol 20.099-19, entre otros, estableciendo: “Que, de esa manera, la decisión, no fundamenta ni siquiera de manera breve, porqué concretamente en relación al amparado el contenido del informe psicológico evacuado a su respecto le impide reintegrarse a la sociedad, sin que baste, como se ha dicho, la mera y general remisión a la opinión de los peritos informantes, porque ello en definitiva importaría radicar en éstos, y no en la Comisión, decidir el otorgamiento de la libertad condicional y, además, aceptar que tal asunto se defina en último término, nada más que en base a apreciaciones subjetivas obtenidas en una entrevista llevada a cabo en un determinado momento del encierro, opacando de ese modo el cumplimiento de los demás extremos, en particular el observar una conducta intachable durante todo el período sujeto a calificación -incluso calificada como muy buena-, lo que en definitiva haría vanos los esfuerzos concretos de los internos por mantener periódicamente una correcta conducta en el interior del recinto con el objeto de acceder a la libertad condicional”. SÉPTIMO: Que en virtud de lo razonado en las consideraciones precedentes aparece de manifiesto que respecto al amparado se reúnen los requisitos exigidos por el Decreto Ley N°321 para la concesión de libertad condicional, debiendo acogerse el recurso por haberse incurrido en una arbitrariedad al adoptar la decisión en la medida que no se reconoció la insuficiencia del informe acompañado, al no hacerse cargo de

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Antofagasta, a once de mayo de dos mil veintiuno. VISTOS: Comparece Camila Andrea Leonicio Uribe, Abogada, Defensora Penal Pública Penitenciaria, domiciliada en calle Baquedano N°239, oficina 416, Antofagasta, por el condenado Yohanny Gabriel González Olivares, quien deduce acción constitucional de amparo en contra de la Comisión de Libertad Condicional por la dictación de la resolución de 15 de