ALESSANDRI/BANCO SANTANDER - CHILE

Hechos

Visto y teniendo presente: Primero: Que con fecha 16 de octubre de 2020 ccomparece el abogado Sebastián Alessandri Balbontín, quien interpone recurso de protección en contra de Banco Santander representado legalmente por don Miguel Mata Huerta, por la decisión del banco que estima arbitraria e ilegal consistente en no restituir la suma de $ 5.146.548.- por el fraude bancario que asegura haber sufrido. Pide que se ordene a Banco Santander que restituya al patrimonio del recurrente la señalada suma, y se adopte todas las medidas que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de éste, con expresa condena en costas. Lo anterior por cuanto estima vulnerada la garantía constitucional del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución. Señala el recurrente que es titular de la tarjeta de crédito Santander World Member, Mastecard N°5218 9210 0485 5775 en calidad de tarjeta habiente, y que dispone de una tarjeta de crédito adicional para Sofía Alessandri Boulogne, su hija, quien utiliza dicha tarjeta de forma esporádica y sólo para emergencias. Indica que la tarjeta del recurrente, pero que utiliza su hija, está asociada al resto de los productos bancarios contratados con el Banco, o sea, es el recurrente quien debe responder ante las operaciones de esta tarjeta. Asegura que con fecha 16 de septiembre de 2020, su hija Sofía fue víctima de un fraude. Recibió un mensaje de texto, que figuraba como remitente el Banco recurrido señalando que, la tarjeta en cuestión había sido bloqueada, solicitando ingresar a la página web del banco. Manifiesta que lo anterior no resultaba extraño porque habitualmente el Banco utilizaba el canal de mensajes de textos como medios de comunicación directa con la tarjetahabiente para la difusión de información, propagandas y servicios. La página web desplegada al momento de dar click en el link recibido a través de mensaje de texto a su hija, remitió una página web del banco, que resultaba idéntica a

Fundamentos

motivos fundados para ello, no se constituye en un acto ilegal de suyo, pudiendo ejercer la parte recurrente las acciones jurisdiccionales que estime conveniente para controvertir la negativa fundada del Banco, de manera que sea un tribunal, en un proceso de lato conocimiento, quien pueda resolver la controversia. A mayor abundamiento, indica que al usar -de manera impropia- el recurso de protección para imputar una supuesta responsabilidad al Banco, por hechos no reconocidos, transforma este proceso cautelar en uno adversarial, lo que obliga a su parte a refutar todos sus dichos, señalando que el Banco no participó de manera activa o pasiva en algún fraude y que tampoco reconoce alguna vulneración a sus sistemas de seguridad. Concluye señalando que en caso de haber algún tipo de incumplimiento contractual, dicha alegación debe formularse por las vías respectivas, ordinarias o sectoriales y no mediante un mecanismo de emergencia como una acción o recurso de protección de garantías constitucionales. Señala además que la parte recurrente inicia la motivación de su recurso reconociendo expresamente la relación contractual vigente con el Banco. Es por todo lo expuesto, que la recurrida solicita se rechace la presente acción, con costas. Tercero: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Cuarto: Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico. Quinto: Que sobre la base de lo expuesto anteriormente, cabe señalar que aun valorados los antecedentes producidos en autos conforme a las reglas de la sana crítica, como lo autoriza el incis

Fallo

por tanto no puede entenderse como un derecho indubitado. Luego de citar jurisprudencia que estima pertinente, afirma que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte del Banco, no existe ilegalidad, toda vez que, por el hecho de no aceptar una reclamación de un cliente, dando motivos fundados para ello, no se constituye en un acto ilegal de suyo, pudiendo ejercer la parte recurrente las acciones jurisdiccionales que estime conveniente para controvertir la negativa fundada del Banco, de manera que sea un tribunal, en un proceso de lato conocimiento, quien pueda resolver la controversia. A mayor abundamiento, indica que al usar -de manera impropia- el recurso de protección para imputar una supuesta responsabilidad al Banco, por hechos no reconocidos, transforma este proceso cautelar en uno adversarial, lo que obliga a su parte a refutar todos sus dichos, señalando que el Banco no participó de manera activa o pasiva en algún fraude y que tampoco reconoce alguna vulneración a sus sistemas de seguridad. Concluye señalando que en caso de haber algún tipo de incumplimiento contractual, dicha alegación debe formularse por las vías respectivas, ordinarias o sectoriales y no mediante un mecanismo de emergencia como una acción o recurso de protección de garantías constitucionales. Señala además que la parte recurrente inicia la motivación de su recurso reconociendo expresamente la relación contractual vigente con el Banco. Es por todo lo expuesto, que la recurrida solicita se rec

Texto Completo (Preview)

Santiago, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto y teniendo presente: Primero: Que con fecha 16 de octubre de 2020 ccomparece el abogado Sebastián Alessandri Balbontín, quien interpone recurso de protección en contra de Banco Santander representado legalmente por don Miguel Mata Huerta, por la decisión del banco que estima arbitraria e ilegal consistente en no restituir la suma de $ 5.146.548.