OLIVARES/DOMEYKO

Hechos

VISTOS: Advirtiendo que el acto que los recurrentes estiman arbitrario e ilegal y que motiva la presente acción corresponde a un supuesto incumplimiento de las decisiones adoptadas por la autoridad sectorial y luego confirmadas mediante una sentencia jurisdiccional ejecutoriada, dictada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en causa R-5-2018; y estimando que de ello se colige que no existen en autos hechos que puedan constituir una vulneración de derechos constitucionales que puedan ser protegidos a través de la acción cautelar y de urgencia del artículo 20 de la Constitución Política de la República, al corresponder a un asunto que ya se encuentra al amparo del Derecho y que cae dentro de las atribuciones del referido órgano jurisdiccional para hacer ejecutar sus fallos, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 20.600 y sin perjuicio de sus demás facultades legales; y visto lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; SE DECLARA INADMISIBLE el recurso de protección deducido en estos antecedentes en folio 1. Proveyendo escrito de folio 4: Estese a lo resuelto precedentemente. Regístrese y archívese en su oportunidad. N° Protección-465-2020. En Copiapó, veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

Fallo

Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; SE DECLARA INADMISIBLE el recurso de protección deducido en estos antecedentes en folio 1. Proveyendo escrito de folio 4: Estese a lo resuelto precedentemente. Regístrese y archívese en su oportunidad. N° Protección-465-2020. En Copiapó, veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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C.A. de Copiapó. Copiapó, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Proveyendo el escrito de folio 1: VISTOS: Advirtiendo que el acto que los recurrentes estiman arbitrario e ilegal y que motiva la presente acción corresponde a un supuesto incumplimiento de las decisiones adoptadas por la autoridad sectorial y luego confirmadas mediante una sentencia jurisdiccional ejecutoriada, dictada por el Pri