SÁEZ/ERPEL

Hechos

VISTO: Comparece la abogada doña María Isabel Sáez Vila, en favor de Josbel Pedro Vázquez Mota, pasaporte N° J678197, de nacionalidad cubana, domiciliado para estos efectos en calle San Francisco N° 355, departamento 1416, Santiago, y deduce acción constitucional de amparo en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, que ordenó su expulsión del territorio nacional, conculcando su garantía constitucional consagrada en el numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Funda su arbitrio constitucional indicando que el cinco de noviembre del presente año, el amparado se dirigió a la oficina de migraciones de Santiago para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, lugar donde le informaron de manera verbal que tenía una orden de expulsión del territorio nacional emitida por la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, aludiendo a que esto impediría la correspondiente formalización. Agrega que la acción constitucional deducida, tiene por finalidad no dilatar aún más la delicada situación migratoria del amparado, a raíz de la falta de atención del organismo público, por existir una orden de expulsión en su contra, impidiendo el reconocimiento de su condición de refugiado y con ello la aplicación del principio de no devolución. Señala que la expulsión emitida en contra del amparado es ilegal, puesto que no se ajusta al procedimiento que corresponde para ser emitida. Estima que la resolución recurrida vulnera el Derecho a la libertad personal como libertad ambulatoria, el debido proceso al ser la resolución ilegal, afectar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el principio de no devolución. Informó la Intendencia recurrida, detallando que según antecedentes de Informe Policial N° 2.891 de nueve de julio de dos mil dieciocho, de Policía de Investigaciones de Chile, el extranjero fue detectado por personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Chacalluta, en la Línea Fé

Fundamentos

considerando el hecho denunciado y demás antecedentes tenidos a la vista, dicta la Resolución Exenta N° 593/2.281, de doce de octubre de dos mil dieciocho, que ordena la expulsión del amparado, en razón de su ingreso clandestino al país. Añade que el extranjero no ha agotado las instancias administrativas y que no ha presentado recursos en contra de la decisión. Expone que el acto administrativo que dispuso la expulsión del amparado, se funda en el ingreso clandestino, eludiendo el control migratorio respectivo, lo cual está dentro de sus atribuciones legales conforme lo disponen 69 y 78 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, en relación con los artículos 146 y 148 de su Reglamento. Asimismo, sostiene que la Intendencia siguió el procedimiento establecido en la Ley, se presentó la respectiva denuncia del hecho ante la Fiscalía y posteriormente el desistimiento de la acción. Niega arbitrariedad en la resolución pronunciada al fundarse en norma legal expresa, agregando que el derecho de expulsar emana de la soberanía del Estado, y, a su juicio, no se requiere de condena por ingreso ilegal al tratarse de facultades administrativas de la recurrida, pidiendo rechazar el recurso por las consideraciones jurídicas que latamente expone. Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO. PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo puede ser deducido a favor de toda persona que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o las leyes, a fin de que se guarden las formalidades legales y se adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. SEGUNDO: Que, en cuanto a los hechos, consta en la carpeta electrónica el decreto de expulsión en cuestión, motivado por el ingreso clandestino del amparado, por el que se ha ordenado por la autoridad su expulsión del país. TERCERO: Que, hay que distinguir lo que es la acción penal por el delito de ingreso ilegal al país de la facultad meramente administrativa de expulsión a las personas que no cuenten con un ingreso regular. El reglamento respectivo permite esta segunda posibilidad, que es independiente de la acción penal, y por lo tanto no se ha incurrido en ninguna ilegalidad al proceder a expulsar a quien no demuestra haber cumplido las exigencias que el Estado impone a los extranjeros para entrar legalmente al territorio nacional. Tanto más, si ese extranjero reconoce haber ingresado por un paso no habilitado; no requiriendo previamente una condena penal por el ingreso ilegal al tratarse de facultades del orden administrativo del propio órgano recurrido. CUARTO: Que, a mayor abundamiento el artículo 17 del D.L. N° 1

Fallo

se declara: Que se RECHAZA el recurso de amparo deducido en favor de Josbel Pedro Vázquez Mota. Acordada con el voto en contra del Ministro don Mauricio Silva Pizarro, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional, en atención a los siguientes fundamentos: 1.- Que, con el mérito de los antecedentes que sirven de sustento al informe de la recurrida, se advierte que el amparado ingresó de manera clandestina a Chile y la recurrida reconoció que en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto Ley N°1094, presentó una denuncia del hecho ante la Fiscalía Local de Arica y Parinacota, desistiéndose posteriormente de la acción. 2.- Que, del análisis de los antecedentes, en la especie, no se dan los supuestos del artículo 146 en relación al 158 del Decreto 597 de 1984 que Establece el Reglamento de Extranjería, y que faculta a la autoridad administrativa para decretar la expulsión de personas que ingresen clandestinamente al país. 3.- Que, a ello se suma la circunstancia que, como en la especie, la recurrida ejerció primeramente la acción penal, de la que se desistió para luego dictar el decreto de expulsión, con las falencias ya anotadas en el considerando anterior, sin fundarlo de manera alguna en términos que, a lo menos, hiciera coherente tales actuaciones aparentemente contradictoria, a lo que se encontraba obligada conforme a lo dispuesto en inciso segundo del artículo 11 de la Ley 19.880. 4.- Que, en virtud de lo indicado en los considerandos anteriores,

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Arica, once de noviembre de dos mil veinte. VISTO: Comparece la abogada doña María Isabel Sáez Vila, en favor de Josbel Pedro Vázquez Mota, pasaporte N° J678197, de nacionalidad cubana, domiciliado para estos efectos en calle San Francisco N° 355, departamento 1416, Santiago, y deduce acción constitucional de amparo en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, que ordenó su expulsi