JÁUREGUI/ISAPRE CON SALUD S.A

Hechos

VISTOS: La comparecencia de Paola Jacqueline de Lourd Jauregui Vergara, ejecutiva comercial, domiciliada en pasaje Persa 1329, Antofagasta, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por Nelson Mauricio Rojas Mena, ambos con domicilio en Alonso de Ovalle 1465, Santiago, y en contra de su empleador Consalud S.A., representada legalmente por Rodrigo Medel Samacoir, ambos con domicilio en avenida Pedro Fontova 6650, Huechuraba, Santiago, denunciando como acto ilegal y arbitrario el descuento por sobre el máximo legal en sus remuneraciones, por concepto de créditos sociales suscritos con la Caja de Compensación recurrida, circunstancias que han vulnerado las garantías previstas en el artículo 19 N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República. Evacuan informe las recurridas, solicitando el rechazo del arbitrio constitucional. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la recurrente refiere que su actual empleador es la Isapre Consalud S.A., estando vinculada a esta empresa mediante contrato de trabajo. Asevera que el 25 de agosto de 2020 recibió un correo electrónico de su jefa, acompañando sus liquidaciones de remuneraciones de los meses de julio y agosto del año en curso, documentos en que se advierten tres descuentos de su remuneración mensual por concepto de créditos de consumo, ordenados por la Caja Los Andes, lo que significó una reducción en la remuneración del mes de julio de $1.278.247 a $429.667, y en el mes de agosto, de $696.278 a $0. Precisa que suscribió tres créditos con la Caja recurrida, de acuerdo al siguiente detalle: con fecha 20 de noviembre 2017, por un monto de $1.000.000, dividido en 36 cuotas, siendo el vencimiento de la última el 31 de diciembre 2020; con fecha 24 de diciembre 2018, por un monto de $3.296.883 dividido en 31 cuotas, siendo el vencimiento de la última cuota el 31 de agosto 2021; y con fecha 20 de junio 2019, por un monto de $3.797.000, dividido en 48 cuotas, siendo el vencimiento de la última cuota el 31 de julio 2023. Sostiene que los descuentos de los tres créditos se realizaron hasta diciembre de 2019, en razón de la contingencia nacional por Covid-19, reanudándose los mismos en su remuneración de julio de 2020, según lo ya expresado. Afirma que al considerar solo los descuentos por los tres créditos, éstos constituyen una reducción del 30% y del 58% de su remuneración en los meses de julio y agosto del presente año, respectivamente. Ante esta situación, tomó contacto con la Caja recurrida, siendo informada que por no tener el alcance suficiente para reprogramar los créditos en mora, el empleador debe realizar el descuento hasta por el 25% de su renta líquida. Con dicha información, la recurrente se contactó con la jefa de administración y compensaciones, quien mediante correo electrónico le señaló que el mail de arrastre no era suficiente para rebajar los descuentos, pues requerían de un comprobante de la Caja de Compensación, y que por otra parte, el proceso de remuneraciones estaba cerrado y los descuentos ya efectuados. Asevera que los descuentos practicados exceden el tope legal del 25% descontable en los créditos sociales, por lo que tiene un fundado temor de que la privación y perturbación de sus derechos se siga prolongando en el futuro. En cuanto a las garantías conculcadas, alude al derecho de propiedad previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al ser privada del legítimo derecho a percibir su remuneración completa a través de descuentos que exceden los máximos legales. Asimismo, sostiene que se ha vulnerado el derecho a la libertad de trabajo, reconocido en el N° 16 de la norma citada, pues los descuentos excesivos la privan de percibir en integridad la contraprestación de su trabajo. Reclama la existencia de un ejercicio abusivo por parte de la recurrida al exceder los límites legales en

Fallo

por tanto, se debe dar cumplimiento a los que éstos dispongan, lo que incluye el tope legal del 25% para descuentos de créditos sociales. Como peticiones concretas, solicita que se ordene a las recurridas a que se abstengan de realizar descuentos por sí y/u ordenar que se realicen por terceros o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, por sobre los montos máximos del 25% de sus remuneraciones; y que se ordene a la Recurrida Caja de Compensación Los Andes a enterar y devolver los montos en exceso cobrados en los meses anteriores; todo lo anterior, con costas. SEGUNDO: Que en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacua informe el abogado Sergio Abarca Vargas, solicitando el rechazo del recurso. Luego de exponer los antecedentes relativos a los tres créditos que fueron solicitados por la recurrente y la morosidad de las cuotas que van desde febrero a julio de 2020, refiere que éstos se encuentran vigentes, son actualmente exigibles y sus acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno, norma que dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las m

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Antofagasta, a catorce de octubre de dos mil veinte. VISTOS: La comparecencia de Paola Jacqueline de Lourd Jauregui Vergara, ejecutiva comercial, domiciliada en pasaje Persa 1329, Antofagasta, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por Nelson Mauricio Rojas Mena, ambos con domicilio en Alonso de Ovalle 1