GONZÁLEZ/ISAPRE BANMEDICA S.A.

Hechos

VISTOS: PRIMERO: Que comparece la abogada doña María Catalina Granados Rodríguez, quien deduce acción constitucional de protección a favor de doña Viviana Soledad González Alarcón, y en contra de Isapre Banmédica S.A., representada por don Javier Eguiguren Tagle, por el acto ilegal y arbitrario consistente en aplicar un precio improcedente por la inclusión en el contrato de salud de su hijo como carga. Expone que con fecha 31 de marzo de 2020, la señora González Alarcón solicitó a la recurrida incorporar a su hijo aún no nacido en esa época, como carga en su plan de salud, suscribiendo el denominado formulario único de notificación, el que recibió por medio de correo electrónico, datado a 1 de abril de los corrientes, en cuya virtud, la Isapre pretende cobrar un precio al efecto, haciendo aplicación del factor denominado “grupo familiar”, que es un coeficiente de riesgo determinado por edad y sexo, lo que resulta del todo improcedente, pues se basa en normas que han sido derogadas por el Tribunal Constitucional en causa Rol 1710-2010, criterio recogido por la Excelentísima Corte Suprema en diversas sentencias que cita, todo lo cual implica un importante aumento en el valor de su plan de salud. Denuncia que con su actuar, la Isapre ha conculcado a su respecto las garantías de igualdad ante la ley, de elegir el sistema de salud, y su derecho de propiedad, por lo que solicita a esta Corte que acoja el presente arbitrio, declarando que para la determinación del precio de la nueva carga, la Isapre deberá abstenerse de multiplicar el precio base del plan por el factor de riesgo, ya que esta maniobra ha sido con base en normas inexistentes en nuestro sistema jurídico y, como consecuencia de lo anterior, en el caso de que se hubiese realizado algún cobro ilegal por este concepto, se ordene su devolución, todo con expresa condena en costas. SEGUNDO: Que la Isapre recurrida, a través del abogado Omar Matus de la Parra Sardá, informó solicitando el rechazo de la acción incoa

Fallo

por tanto, si ese proceder afectó o amenaza garantías constitucionales protegidas. CUARTO: Que la recurrida no ha controvertido los hechos señalados en el libelo, esto es, que fijó un precio aplicando la tabla de factores, que estima vigente, con lo cual ha reconocido los antecedentes fácticos que sustentan la acción constitucional. Por otro lado, efectivamente la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la causa Rol N°1710-2010 declaró inconstitucionales los números 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 – actual artículo 199 del DFL N° 1- permaneciendo vigente la norma según la cual las Isapres serán libres para determinar los factores de cada tabla que empleen, sin que puedan variar para los beneficiarios mientras se encuentren adscritos a un determinado plan de salud ni alterarse la tabla para quienes se incorporen a él. A su vez, el artículo 170, letra m) del DFL N° 1, de Salud, de 2005, dispone que el precio final que se pague a la Institución de Salud Previsional por el plan contratado, excluido los beneficios adicionales, se obtendrá multiplicando el respectivo precio base por el factor que corresponda al afiliado o beneficiario de conformidad a la respectiva tabla de factores. Sin embargo, aunque las tablas de riesgo no estén derogadas, no pueden ser aplicadas por las Isapres porque no existe el procedimiento para ello, por haber quedado abrogadas las normas que se referían al marco normativo de su estructura, desde luego, a

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C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinte VISTOS: PRIMERO: Que comparece la abogada doña María Catalina Granados Rodríguez, quien deduce acción constitucional de protección a favor de doña Viviana Soledad González Alarcón, y en contra de Isapre Banmédica S.A., representada por don Javier Eguiguren Tagle, por el acto ilegal y arbitrario consistente en aplicar un precio impro