SEGAL/SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS - (REASIGNADA DESDE TABLA RELATORA SRA. PAULINA AGUIRRE) - VUELVE A TABLA - (LTE)

Hechos

Vistos: Y se tiene además presente: 1°) Que, los reclamantes impugnan la sentencia porque estima que el procedimiento administrativo en el cual se dicta la sanción de multa por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, excedió con creces los plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos, en específico el artículo 27 de dicha ley, por lo que a su juicio se habría producido el decaimiento del acto administrativo. 2°) Que al efecto, cabe precisar que, el artículo 27 de la Ley 19.880 dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.” Sin embargo, de los antecedentes que obran en el proceso se debe dejar asentado que el procedimiento administrativo dirigido en contra de los recurrentes se inició con fecha 15 de febrero de 2017 culminando con la Resolución Exenta N° 3.558 de 27 de julio de 2017, mediante la que se aplicó sanción de multa a ICB Corredores de Bolsa S.A. y a los señores Carlos Grossman Badrian, Kurt Herzko Merino, Orestes Palma Osorio, Patricio Riquelme Carrasco y Alfredo Segal Knap. En ese entendido, el procedimiento administrativo se ajustó plenamente a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Procedimientos Administrativos, incurriendo en un error la recurrente al estimar que el proceso administrativo se inició el año 2012, puesto que el periodo que media entre septiembre de 2012 y el 15 de febrero de 2017, no corresponde al procedimiento propiamente tal sino que al proceso de fiscalización, que culmina con la formulación de cargos contenida en los Oficios Reservados N° 102, 103, 104, 105, 106 y 107, todos de 15 de febrero de 2017. 3°) Que también se argumenta en el recurso apelación, que no se ha acreditado que se haya producido un daño o generado un riesgo concreto para los bienes jurídicos protegidos. De este modo, y no habiéndose acreditado un daño con

Fundamentos

considerando 29° de la Resolución que se impugna, la recurrida ha dado cumplimiento al artículo 28 del D.L. Nº 3.538 de 1980, expresando detalladamente las circunstancias que dan cuenta de la gravedad y consecuencias de las infracciones perpetradas por ICB, los directores y gerentes generales de ésta. Así las cosas, resulta evidente que la Superintendencia de Valores y Seguros motivó de manera suficiente y conforme la norma aplicable, cuáles eran los elementos que configuraron la gravedad, la reiteración y las consecuencias de las conductas infracciónales en que incurrieron los sancionados, para los efectos de determinar la multa a imponer. 9°) Que de lo antes expuesto, no se advierten los vicios de ilegalidad, ni en cuanto a la forma ni al fondo, que se denuncian por los recurrentes, pues no se violentaron las normas del debido proceso, la Resolución está debidamente fundada y los recurrentes pudieron impugnar la resolución que le impuso la multa. 10°) Que así entonces, se siguió un procedimiento administrativo en contra de los recurrentes, el que concluyó con la aplicación de una sanción de carácter pecuniario por contravención a la Circular N° 2.054 de 29 de diciembre de 2011, conforme a la normativa vigente y por quien a la sazón y de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Ley 3.538 estaba facultado para ello. 11°) Que todo lo antes razonado, lleva a desestimar las argumentaciones de los recurrentes, manteniéndose la decisión del tribunal de primer grado.

Fallo

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el artículos 186 del Código de Procedimiento Civil, se declara que: Se confirma, con costas, la sentencia apelada de diecinueve de octubre de 2018, dictada por el 26° Juzgado Civil de Santiago. Redacción del Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. Regístrese y devuélvase. N°Civil-15322-2018. Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el Fiscal Judicial señor Daniel Calvo Flores.

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Santiago, veinte de julio de dos mil veinte. Vistos: Y se tiene además presente: 1°) Que, los reclamantes impugnan la sentencia porque estima que el procedimiento administrativo en el cual se dicta la sanción de multa por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, excedió con creces los plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativo