BERRÍOS/CODELCO CHILE

Hechos

hechos expuestos no había indicación alguna de un accidente realmente acaecido o un suceso que hubiera importado una afectación real a la empresa, lo que conllevaba la ausencia de los presupuestos normativos para legitimar la causal empleada. Asimismo, reprochaba que la empleadora no ponderó su historial laboral, por más de una década, exento de cualquier mácula. De la misma manera, cuestionaba el indebido uso y distribución de la grabación de seguridad en que se fundó su exoneración y la forma en que fue tratado en el tiempo intermedio entre el evento y el despido, sufriendo un aislamiento, conculcando su integridad síquica, conjuntamente con su honra. Centrándose en los DDFF lesionados, indicaba que la forma en que se gestó la desvinculación, utilizando grabaciones de seguridad de una empresa contratista, que fueron indiscriminadamente difundidas, no teniendo la posibilidad de defenderse en el proceso investigativo, siendo separado de funciones y aislado innecesariamente, sin ninguna información del proceso que se llevaba, siendo incluso instado a renunciar, afectó seriamente su integridad síquica, garantizada en el art. 19 N° 1 del Código político. De la misma forma, la manera en que se llevó la investigación la exposición innecesaria de las imágenes y el aislamiento sufrido terminaron afectando su vida privada y honra, protegida por el art. 19 N° 4 del mismo cuerpo jurídico. En todo caso, planteaba que la decisión de despedirlo fue, además de vulneratoria de DDFF, totalmente injustificada, ya que no tuvo en cuenta las exigencias normativas de la causal de caducidad ni sus intachables condiciones personales, que debieron morigerar el ejercicio del poder disciplinario. Finalmente, previo desarrollo de los

Fundamentos

fundamentos normativos de su denuncia, solicitaba que se acogiera la acción,

Fallo

se declarara que el despido sufrido afectó su integridad síquica y su derecho a la vida privada y honra, condenando a la denunciada al pago de (i) indemnización especial de tutela por su tope de 11 remuneraciones, equivalente a $43.914.915.- o el mínimo legal de 6, ascendente a $23.953.590.-; (ii) indemnización de antigüedad laboral por el tope de 11 años, por un total de $43.914.915.-, más el recargo del 80% por $35.129.532.-; (iii) indemnización sustitutiva de aviso previo por $4.427.194.- (dada la última remuneración percibida por mes completo); (iv) total pasaje de retorno por la suma de $1.037.996.-, según el convenio colectivo; (v) feriado legal y proporcional por $2.777.996.- Todo, más reajustes, intereses y costas. En subsidio, dedujo demanda de despido injustificado, cobro de prestaciones e indemnizaciones, en la misma calidad y en contra del mismo sujeto pasivo, reiterando los hechos de lo principal. Centraba su alegación en que la decisión de despido no tuvo en cuenta las exigencias normativas de gravedad ni ponderó la proporcionalidad, dadas las circunstancias del caso. Cuestionaba, al igual que en la acción principal, la forma en que fue llevado el procedimiento investigativo. Bajo estas consideraciones, sostenía que el despido sufrido no se ajustó a Derecho, por lo que, previa cita de la normativa aplicable, solicitaba que se declarara injustificada la desvinculación sufrida y se condenara a la demandada al pago de (i) indemnización de antigüedad laboral por el

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Calama, a catorce de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTO. Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, en los autos RUC 23-4-0504611-3 y RIT T-149-2023, se dedujo denuncia de tutela por vulneración de Derechos Fundamentales (DDFF) con ocasión del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones y, en subsidio, demanda por despido injustificado, cobro de prestaciones e indemnizacio