CASTRO/GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Hechos

hechos relatados por ella; investigación llevada a cabo por la fiscal Marcela Torres en el que no se verificó actos de acoso dictándose el sobreseimiento respectivo. Ella plantea su evaluación de desempeño no se condice con el puntaje obtenido, culpando a su jefa directa, en circunstancias de que fue calificada por la jefa de la División, y el puntaje obtenido fue el más bajo de la unidad. En todo caso, las calificaciones no dependen únicamente de su jefatura, son revisados por la Junta Calificadora integrada por un directivo, un funcionario y un representante de la Asociación de Funcionarios, quienes la ratificaron por lo que mal podrían constituir una manifestación de acoso laboral y tampoco fueron apeladas. Las observaciones formuladas en la evaluación de desempeño mantienen un lenguaje objetivo, sin menoscabo, se ajustan a la realidad, se refieren a errores de redacción y formatos, deficiente adaptación al ritmo del equipo, receptividad de las recomendaciones, ausentismo laboral excesivo, etc., siendo lo más relevante su deficiente desempeño. De esta forma la no renovación de su contrata obedece a motivaciones objetivas y de rendimiento laboral, sin que sea posible atribuirlo a una represalia. No es posible que por el hecho de que un funcionario presente acciones judiciales en contra del Gobierno Regional, éste quede impedido de ejercer sus facultades legales, lo que pretende la actora es obtener beneficios económicos e impedir el término de sus labores. Finalmente indica que no existen indicios de haberse vulnerado la garantía de indemnidad de la demandante, la no renovación de su contrata se encuentra fundada en hechos objetivos como su deficiente desempeño, por lo que solicita el rechazo de la denuncia, se declare que la actora no ha sido objeto de vulneración alguna en sus garantías constitucionales y no se le adeuda ninguna prestación, con costas. TERCERO: Que, fracasado el llamado a conciliación, se fijaron como hechos pacíficos: 1.- Que la denunciante p

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que ha comparecido doña ADRIANA DEL ROSARIO CASTRO PIZARRO, trabajadora social, domiciliada en calle Las Golondrinas N° 532, Condominio Puertas del Mar, La Serena, interpone acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT N° 72.225.700-6, persona jurídica de derecho público, representada por su órgano Ejecutivo e Intendenta Regional, doña LUCIA PINTO RAMIREZ, ambos domiciliados en calle Arturo Prat N° 350, comuna de La Serena. Señala que ingresó a prestar servicios en el Gobierno Regional de Coquimbo en el año 2016, en calidad de trabajadora a honorarios, a partir del 1 de enero de 2019 fue traspasada a un cargo a contrata, como profesional de la Unidad de Desarrollo y Personas del GORE de Coquimbo, siendo destinada al Unidad de Desarrollo y Personas, siendo su jefa directa doña Irene González Ireland quien tenía la obligación de hacerle una inducción al trabajo, señalando las labores que debía asumir, lo que nunca ocurrió; al poco tiempo comenzó a tener conductas que la denostaban, demostrando desdén , excluyéndola de reuniones de equipo, darle las instrucciones imprecisas; y a partir de septiembre de 2019, se le redujo paulatinamente y sin explicación la carga laboral, limitando sus funciones; ese mismo mes se le entregó la evaluación de desempeño, en la que su jefa realizó observaciones sobre falta de competencia, escasa capacidad de entendimiento y de relacionarse, que no se condicen con las calificaciones obtenidas, lo que a su juicio es ilustrativo de acoso laboral de parte de su jefatura. Por esta situación el 12 de septiembre de 2019 acudió a la Asociación de Funcionarios del GORE y el 17 de septiembre de 2019 plasmó una denuncia sobre su situación ante la Intendenta Regional. Refiere que la situación descrita le provocó un cuadro depresivo en actual tratamiento, lo que derivó en la emisión de licencias médicas Explica que con fecha 29 de octubre del año 2019 presentó demanda por Vulneración de Derechos Fundamentales con ocasión de la relación laboral en contra de del Gobierno Regional De Coquimbo, dio origen a la causa RIT T-172-2019, de este mismo juzgado la que al momento de presentar esta nueva demanda, se encuentra en tramitación, siendo notificado el día 7 de noviembre del año 2019. Por Resolución Exenta N° 1149 de fecha 26 de noviembre de 2019, se le comunicó la decisión de desvincularla a partir del 1 de enero del año 2020, fundándose en que no habría logrado adaptarse al equipo de trabajo al que fue designada y que los resultados de sus labores eran débiles y erróneas, imputándole además incumplimiento de los deberes estatutarios, los que no se señalaron de manera detallada, lo que no es efectivo. Indica que la única razón para su desvinculación fue el hecho de haber presentado una denuncia de vulneración de Derechos Fundamentales; el Gobierno Regional al momento de decidir su desvinculación estaba formalmente en conocimi

Fallo

se resuelve: I.- Que SE RECHAZA la acción de tutela laboral interpuesta por doña ADRIANA DEL ROSARIO CASTRO PIZARRO, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO. II.- Que, estimando que la denunciante tuvo motivo plausible para litigar, no se condena en costas. Notifíquese con esta fecha a las partes por correo electrónico. REGÍSTRESE Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE. RIT T-4-2020 Dictada por doña VALERIA MULET MARTINEZ, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.

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La Serena, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que ha comparecido doña ADRIANA DEL ROSARIO CASTRO PIZARRO, trabajadora social, domiciliada en calle Las Golondrinas N° 532, Condominio Puertas del Mar, La Serena, interpone acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT